Nelson Shack denuncia que 400 empresas siguen ganando licitaciones a pesar de tener problemas con el Estado.
Siempre se habla de la sanción a los funcionarios públicos corruptos; sin embargo, detrás o a lado de ellos están las personas que los corrompen.
Ellos son los dueños, accionistas o representantes de las empresas que, pese a que se conoce que han participado en actos irregulares, nunca son sancionados.
En este sentido, el contralor de la República, Nelson Shack, sostiene que el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) es quien debe inhabilitar a los empresarios corruptos y el Poder Judicial hacer su parte.
Explica que, lamentablemente en el Perú cuando una empresa queda mal, es decir abandona una obra o la ejecuta mal nunca recibe una sanción y si OSCE inhabilita a la empresa, los dueños o accionistas forman otra y vuelven a participar en las licitaciones del Estado.
En el Perú hay más de 400 empresas que tienen problemas con las obras, pero han ganado licitaciones este año, incluso después de julio del 2021.Entre ellas 12 son piuranas.
El contralor señala que, solo sancionando a las personas, es decir a los accionistas o dueños de las empresas se podrá romper este círculo vicioso, porque si “el funcionario público se corrompe es porque hay un privado que actúa como corruptor”.
A los funcionarios públicos se les somete a procesos administrativos y hasta penales, pero a los privados no les pasa nada.
La Contraloría también podrá sancionar a los funcionarios públicos, pero su sanción es administrativa, es decir los inhabilita para ejercer trabajos en el Estado por un determinado tiempo.
Esta facultad que el Tribunal Constitucional se la quitó hace unos años, le ha sido devuelta, pero solo aplica para actos irregulares cometidos a partir del mes de junio.
Ley para evitar abandono de obras
Cuando se presentan problemas en la construcción de obras estas quedan abandonadas mientras se resuelven los procesos administrativos. Algunas van a arbitraje y todo se paraliza.
Para evitar esto la Controlaría está proponiendo al Congreso de la República una ley que permita que, por un lado, los problemas administrativos y legales sigan su curso, pero que la obra no se detenga. Es decir, que si se rescinde el contrato se pueda licitar el saldo de obra lo más pronto posible y reiniciar los trabajos.
Se trata de evitar más sobrecostos por paralizaciones, y cautelar el beneficio de la población.
En este sentido Shack explica que hay obras urgentes como sistemas de agua potable o alcantarillado que deben ponerse al servicio de la población cuanto antes, pero con los arbitrajes se detienen.
“Si se paraliza por falta de dinero, hay que inyectarle recursos”. La paralización encarece la obra y la población es la perjudicada.
Expedientes técnicos
Todos los problemas de las obras empiezan en los expedientes técnicos, por ello el contralor señala que a partir de enero esta entidad revisará todos los expedientes de las obras cuya inversión sea superior a los diez millones de soles.
“Se ha detectado que muchos expedientes técnicos son ‘copia y pega’, que los proyectistas no van al lugar donde se va realizar la obra y por ello cuando llega el proceso de construcción saltan los problemas y a veces no se pueden solucionar”, dijo.
Se ha encontrado obras que se han construido en terrenos que no eran del Estado y luego se han tenido que paralizar porque los dueños reclaman pagos que son exorbitantes.
“No se hacen estudios de suelos, no hay saneamiento físico legal y por ello se presentan estos problemas. La Contraloría está contratando más de mil personas para fortalecer el equipo y analizar cada expediente”, agregó.
La Contraloría ha realizado un megaoperativo ce control en la región Piura, en donde detectó un perjuicio económico de S/1.135 millones y 151 hechos irregulares en los 179 servicios de control posterior ejecutados, ello incluye los hallazgos de la auditoría de cumplimiento al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.
Asimismo, 43 intervenciones corresponden a servicios de control específico, 132 acciones de oficio posterior y cuatro auditorías de cumplimiento.
Además, pudieron identificar 598 presuntas responsabilidades administrativas (318), civiles (177) y penales (103) en 289 funcionarios, entre directivos, funcionarios y servidores pertenecientes a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales.
Fuente El Tiempo
