Amazonas. – La Contraloría General de la República, a través del Informe N.° 5505-2025-CG/SCP-AO, alertó serias observaciones respecto a la autorización y ejecución de prestaciones adicionales correspondientes al Presupuesto Adicional de Obra N.° 23 del megaproyecto vial que se ejecuta en las provincias de Chachapoyas, Bongará y Luya, en la región Amazonas.
La obra tiene como objetivo el mejoramiento de las vías departamentales AM-106, AM-110 y AM-111, que conectan tramos clave entre Balzapata, Jumbilla, Asunción, Molinopampa, Chachapoyas, Levanto, Tingo, Longuita, María y el complejo arqueológico de Kuélap. Sin embargo, la ejecución de prestaciones adicionales sin el debido sustento técnico ni autorización previa conforme a ley, podría traducirse en una seria afectación a los recursos públicos.
Pagos autorizados sin sustento formal
Según la Contraloría, el Gobierno Regional Amazonas habría autorizado de forma anticipada prestaciones que incrementan considerablemente el costo de la obra, sin que se cuente con la aprobación técnica correspondiente. Esta situación constituye una transgresión a la Ley de Contrataciones del Estado, y representa un riesgo elevado de perjuicio económico para el erario.
Lo más preocupante es que estas irregularidades ya fueron advertidas por el órgano de control, pero las autoridades locales —entre ellas las municipalidades de Chachapoyas, Bongará y Luya— no han emitido ningún pronunciamiento público al respecto. Tampoco lo han hecho los consejeros regionales, quienes tienen la responsabilidad constitucional de fiscalizar este tipo de actos en defensa de los intereses de sus provincias.
Millonaria obra bajo la sombra del silencio político
El proyecto vial es considerado uno de los más ambiciosos del Gobierno Regional y su ejecución se promociona como motor del desarrollo regional. Sin embargo, los constantes informes de control y la falta de transparencia en el manejo presupuestal abren serias interrogantes sobre la gestión de los fondos y la calidad de las obras.
La Contraloría ha exhortado a la actual gestión regional a detener el avance de los pagos adicionales no autorizados, y ha solicitado que se adopten medidas correctivas de inmediato. También ha instado a deslindar responsabilidades administrativas o incluso penales, de ser el caso.
Mientras tanto, el silencio de los gobiernos locales y de los representantes regionales solo profundiza la desconfianza de la ciudadanía y deja en evidencia una preocupante falta de fiscalización política ante posibles actos de malversación.
Fuente Reina de la Selva
