La Contraloría General de la República enviará al Ministerio Pública toda la información referida a la indebida entrega de canastas de víveres a personas que no estaban en situación de vulnerabilidad, para que dicho organismo proceda con las denuncias del caso, adelantó este miércoles su vocero Armando Canchaya.
“Ya estamos en la etapa de la determinación de eventuales responsabilidades de tipo civil o administrativo, o incluso también penales, para trasladarlas al Ministerio Público. Ya Controlaría está coordinando con dicho organismo para hacerle la entrega de toda esta información de estos funcionarios, para que puedan actuar de acuerdo a sus competencias”, señaló a Radio Exitosa.
El martes pasado, la Contraloría denunció que un total de 4,212 funcionarios y servidores públicos habrían recibido canastas de víveres, a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable durante el estado de emergencia por el covid-19, al tener ingresos de 1,200 a 10,000 soles mensuales.
Operatividad
Canchaya indicó que, en principio, el Decreto de Urgencia N.º 033 responsabiliza a los alcaldes y municipios de la tarea de establecer los padrones que iban a servir de insumos para la distribución de las canastas entre las poblaciones vulnerables, para lo cual se les dio como pautas a seguir los registros del Vaso de leche y comedores populares en sus respectivas jurisdicciones.
El artículo 2.2 del referido decreto dice a la letra que “para facilitar las acciones de entrega (de las canastas), se podrán emplear los padrones de asistencia social con los que cuente cada Gobierno Local”.
Colaboración del Inpe
Sobre este tema, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó en un comunicado que pondrá a disposición de la Contraloría toda la información que requiera para investigar si funcionarios de la institución también se beneficiaron de las canastas.
“En el Inpe estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción, la cual es política de estado, y rechazamos todo acto de corrupción o acción contra la ética pública, más aún en medio de esta crisis sanitaria que vive el país”, señala el comunicado.
Según el informe de Contraloría, entre los beneficarios indebidos de las canastas había servidores de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Corte Superior de Justicia de Ica, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, Instituto Nacional Penitenciario – Sede Central – Administración Lima, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.
Fuente El Peruano
