La Contraloría General de la República detectó que la Cancillería contrató y pagó a un estudio jurídico impedido de contratar con el Estado, debido a que uno de sus accionistas era un alcalde en funciones.
El informe (N.° 004-2026-2-0283-AOP) concluye que el Ministerio de Relaciones Exteriores contrató a una empresa que estaba legalmente impedida de contratar con el Estado, afectando la legalidad del proceso de contratación pública.
El ministerio, según el informe, aprobó la contratación del estudio jurídico Soria Abogados S.A.C. para brindar defensa legal a un servidor CAS de la entidad.
La contratación se formalizó mediante la Orden de Servicio N.° 1908, emitida en diciembre de 2024, y el monto pagado fue de 14,850 soles.
En ese sentido, la Contraloría encontró que el estudio jurídico estaba impedido de contratar con el Estado porque uno de sus principales accionistas era Richard Robert Soria Fuerte, alcalde de El Agustino.
Según la Ley de Contrataciones del Estado, las empresas en las que alcaldes tengan más del 30 % de participación no pueden contratar con entidades públicas.
La Oficina de Logística y la Oficina General de Administración sí tuvieron acceso al reporte del OSCE que mostraba el impedimento.
Sin embargo, continuaron con el trámite de contratación, no realizaron observaciones ni solicitaron al servidor presentar otra propuesta de abogado.
Según este informe, las responsabilidades recaen principalmente en la Oficina de Logística y la Oficina General de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que ambas dependencias no detuvieron el proceso de contratación a pesar de tener conocimiento del impedimento legal del proveedor.
Así, la Contraloría determinó que existieron indicios de irregularidad en la contratación y recomendó adoptar medidas correctivas, evaluar responsabilidades y tomar las acciones administrativas correspondientes.
Fuente Diario Expreso
