La Contraloría General de la República presentó una iniciativa legal orientada a garantizar la continuidad de proyectos de inversión que se encuentran paralizados por un periodo mayor a seis meses y con un avance físico igual o mayor al 80%.

“La idea de este proyecto de ley en esencia es que cuando se trata de obras que está al 80%  o más de ejecución, es decir cuando el esfuerzo es relativamente pequeño para terminar, el Estado pueda recuperar el control de la obra”, explicó el Contralor Nelson Shack en declaraciones a la agencia Andina.

Refirió que un estudio exploratorio arrojó que en el país existen 867 obras públicas detenidas por distintas razones, a nivel del gobierno nacional y regional, por un valor S/ 16’870 , 855, 767

De ellas, 458 se encuentran entrampadas porque estar inmersas en procedimientos arbitrales o procesos judiciales, de incumplimiento contractual o deficiencias técnicas, las cuales están valorizadas en S/ 7, 800 millones.

La iniciativa de la Contraloría se enfoca en este último bloque y específicamente en las que están en el último tramo de su ejecución.

“La ley que proponemos puede resolver esos problemas (contractuales y de arbitraje), pero hay otros que no puede, como por ejemplo que a la obra le falte el terreno”, explicó.

Shack precisó que existen 55 obras inconclusas con una ejecución que va del 80% al 90% y 119 obras con un avance superior del 90%.  Es decir, hay 174 proyectos de inversión por un valor casi S/ 3,500 millones soles.

“Para poder concluir con las 55 obras, que tienen avance de entre 80% y 90% necesitamos S/ 135 millones y ponemos en valor casi mil millones de soles. No es un solo tema contable sino que esas obras, como colegios o establecimientos de salud, empezarían a operar y dar servicios”, detalló.

En el caso de los proyectos con más 90% de ejecución se requieren S/ 78 millones, con lo cual se pueden activar aproximadamente S/ 2,450 millones de soles.

Shack Yalta destacó que la Contraloría aplicará control concurrente para lo que reste de la ejecución de la obra pública.

Régimen de excepción

El proyecto de ley de la Contraloría, que ya fue entregado al área de trámite documentario del Congreso de la República, establece un régimen de excepción por espacio de seis meses.

Se precisa que las entidades promoverán preferentemente la culminación de proyectos de inversión para la provisión de infraestructura u obras públicas que tengan por objeto satisfacer servicios públicos en materia de salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transporte y prevención de desastres.

La iniciativa no aplica cuando la paralización de la obra es por consecuencia de la falta de algún permiso, licencia, entrega definitiva de terreno o  limitación presupuestal, así como en los casos que inviable técnicamente o jurídicamente continuar con la ejecución contractual de la obra.

Fuente Andina

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