La Contraloría realizará un control posterior a la compra de dieciocho volquetes de la Dirección Regional de Transportes, que la Fiscalía anticorrupción investiga por presuntas irregularidades. Así lo dio a conocer el gerente regional de la Contraloría, Eder Díaz Chávez, al brindar su informe de gestión del primer semestre del 2024, en la que informó las acciones de los órganos de control en lo que va del año.
Y entre las «principales materias a intervenir» mencionó que están en camino los informes de control posterior a cuestionadas adquisiciones como de los dieciocho volquetes por más de 21 millones de soles y la compra de equipamiento médico para el Hospital de Tingo María.
Estás adquisiciones se dieron el año pasado. Al respecto, el gerente regional de Contraloría explicó que los informes de control posterior demoran porque «no tenemos la capacidad para actuar inmediatamente».
Pero precisó que «estos procesos han sido revisados en un control simultáneo. En esta oportunidad lo que se va a hacer es un control posterior, ya que se cumplieron los plazos para implementar las recomendaciones que dio en su momento el órgano de control y se identificarán responsabilidades civiles o penales».
Además, señala que este año hubo una dificultad: la falta de oficinas de control institucional (OCI) en varias municipalidades distritales. «La estrategia que estamos aplicando es que las OCI de las municipalidades provinciales también trabajen en las distritales, pero es cierto que debemos mejorar ese aspecto», reconoció.
NO LEVANTAN OBSERVACIONES
Díaz informó que de enero a junio la Contraloría General de la República advirtió 1892 situaciones adversas en las entidades públicas de la región; pero en más del 55 por ciento de las alertas emitidas no se tomaron medidas para corregir.
Detalló que solo 335 de las situaciones adversas han sido corregidas por las entidades públicas, 311 aún no son corregidas, aunque se adoptaron ciertas acciones; pero en 1049 casos no han adoptado acciones para corregir los hechos advertidos.
«Si bien la mayoría de funcionarios no acogen las observaciones del OCI, esas advertencias que hacemos sí funcionan para en el futuro identificar responsabilidades civiles o penales», apuntó el gerente de Contraloría.
Expuso también que producto del control posterior a las entidades públicas de la región se detectó un perjuicio económico de S/ 6 100 877 en lo que va del primer semestre, y como resultado de ello, se identificó presunta responsabilidad en 121 funcionarios y servidores públicos que deberán enfrentar procesos civiles, penales y administrativos.
Fuente Página3
