La empresa de luz SEAL perdonó multas por tardanzas, firmó contratos con empresas castigadas por el Estado y canceló sin explicación miles de órdenes de reparación en plena emergencia, dejando a miles de familias expuestas a cortes de servicio. Tras una exhaustiva auditoría que analizó la gestión interna entre los años 2023 y 2025, el Órgano de Control detectó un descontrol administrativo y operativo que pone en riesgo S/ 148,033,455.88 de los recursos públicos.
Por ley, ninguna entidad del Estado puede firmar contratos con empresas que han sido sancionadas o inhabilitadas. Sin embargo, la auditoría descubrió que los altos mandos de SEAL aprobaron contratos adicionales (adendas III y IV por más de 4 millones de soles) con el Consorcio Copemane. El problema radica en que uno de los integrantes de este grupo, la empresa AT Soluciones S.R.L., se encontraba castigada e inhabilitada por 24 meses por el Tribunal de Contrataciones del Estado (OSCE) por haber presentado documentos falsos e información inexacta.
Para empeorar la situación, los encargados de supervisar los contratos en SEAL no les exigieron actualizar ni aumentar el “seguro de fiel cumplimiento” que toda empresa debe dejar como respaldo. Al no pedirles este incremento proporcional, SEAL dejó desprotegidos los fondos públicos. Si la empresa castigada abandonaba los trabajos o hacía un mal servicio, la entidad del Estado no tenía cómo cobrar una garantía para recuperar el dinero.
Tardanzas perdonadas
En febrero de 2025, SEAL entregó un millonario contrato de más de 51 millones de soles (llamado “Contrato Zonales”) a la Corporación Peruana de Mantenimiento Eléctrico S.A.C. para que se encargue de reparar y mantener las redes eléctricas en las provincias de Arequipa. Por contrato, la empresa debía tener todo listo para empezar a trabajar a más tardar el 21 de marzo de 2025.
Llegada la fecha límite, los inspectores de SEAL revisaron las bases de la empresa y descubrieron un panorama desastroso: la contratista no tenía las cuadrillas de técnicos completas, sus camionetas no cumplían con los requisitos de seguridad e incluso los equipos de protección de los trabajadores estaban observados o incompletos.
A pesar de que la empresa no estaba lista para dar un servicio seguro y de calidad, los funcionarios de SEAL fueron sumamente flexibles: les permitieron iniciar sus labores 14 días tarde (el 4 de abril de 2025). Lo más grave es que firmaron actas oficiales ocultando este retraso y omitieron aplicar las multas por mora correspondientes, permitiendo que la empresa privada se librara de un fuerte castigo económico por su tardanza.
Emergencia canceladas “a ciegas”
El corazón operativo de la atención de emergencias en SEAL es un programa de computadora llamado GOT-OP. Cada vez que un poste se cae, un cable se rompe o un barrio se queda sin luz, el sistema genera una “orden de trabajo” para que los técnicos vayan inmediatamente a solucionar el problema.
La Contraloría descubrió que este sistema informático clave lleva más de 13 años funcionando sin un manual de instrucciones oficial ni reglas escritas. Al no haber parámetros ni controles claros sobre quién puede usar el sistema y cómo, ocurrió un fenómeno sumamente preocupante: se cancelaron miles de órdenes de reparación que ya estaban programadas, muchas de ellas catalogadas como emergencias o cortes de luz que afectaban directamente a los hogares.
Las estadísticas de órdenes anuladas en el sistema informático sin un sustento técnico real son alarmantes:
- En 2023: Se canceló el 19% de los trabajos creados (1,366 órdenes anuladas).
- En 2024: Se canceló el 11% (1,127 órdenes anuladas).
- En 2025: Se canceló el 16% (1,454 órdenes anuladas).
- En 2026 (solo hasta abril): El desorden se disparó, cancelándose el 25% de las llamadas de auxilio técnico (303 órdenes de 1,208 generadas).
Estas anulaciones masivas en la computadora no solo dejaron a cientos de familias a oscuras esperando una solución, sino que además ayudaron a las empresas contratistas a evitar penalidades. Al figurar el trabajo como “anulado” en el sistema en lugar de “incumplido”, las empresas privadas no recibieron ninguna multa por no haber ido a reparar las averías.
¿Quiénes son los responsables?
La Contraloría ha determinado que estas graves irregularidades no fueron descuidos de bajo nivel, sino decisiones tomadas por una cadena de altos funcionarios de SEAL. Entre las personas señaladas con presunta responsabilidad administrativa y funcional directa figuran:
Markpool Francois De Taboada Quenaya (entonces Gerente General), por autorizar y firmar las adendas con la empresa inhabilitada por presentar documentos falsos.
Henry Urbano Poma Coris (Gerente de Operaciones), por dar el visto bueno técnico a los contratos irregulares y permitir los inicios de obra con retrasos.
Freddy Francisco Bejarano Flores (Gerente de Asesoría Legal), por emitir informes legales que validaban la firma de contratos que violaban las leyes de contratación del Estado.
Diversos jefes de las áreas de Distribución, Logística y Programación, quienes debieron fiscalizar a los contratistas en el campo y prefirieron ignorar las alarmas.
Ante este panorama, el Órgano de Control ha recomendado al Directorio de SEAL iniciar de manera inmediata los procesos correspondientes para sancionar drásticamente a los implicados y reorganizar por completo el sistema GOT-OP.
Fuente Revelaciones
