Esta nueva regulación aprobada por la Contraloría General permitirá que estas obras sean transparentes, céleres y con una ejecución efectiva, procurando mejores condiciones de calidad, costo y oportunidad, así como disminuirá el riesgo de paralizaciones o la existencia sin sustento de mayores gastos a los establecidos en los presupuestos, según los expedientes técnicos, que ahora serán revisados rigurosamente, antes de proceder a la inversión y ejecución de los recursos públicos por esta modalidad de contratación.
Recordemos que previamente la Contraloría General oficializó la aprobación de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL que regula la “ejecución de obras públicas por Administración Directa”, mediante la Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG publicada el 27 de marzo pasado en el Diario Oficial El Peruano, estableciendo su entrada en vigencia a partir del 1° de junio. Sus efectos alcanzan a todos los pliegos de los gobiernos nacional, regional y local, así como todas las entidades de tratamiento empresarial o empresas públicas sujetas al ámbito del Fonafe y del Sistema Nacional de Control.
La directiva es adecuada a los requisitos, tecnología y metodología de las obras actuales para evitar que se susciten diversos problemas que ocasionan perjuicios al país, como el de las obras paralizadas. Como se conoce, según informe de obras paralizadas de la Contraloría, a diciembre del 2023 se contaba con un total de 2298 obras paralizadas a escala nacional, de las cuales unas 1270 correspondían a obras por administración directa, es decir, más del 55% del total .
Fuente El Peruano
