Nelson Shack, Contralor General de la República del Perú, reiteró que la corrupción viene causando daños económicos al Estado por lo que para prevenir dicha situación es necesario que se implementen sistemas de control interno que supervisen la administración pública.
Indicó que la Contraloría ha pedido la recuperación por el perjuicio económico al Estado generados por los casos de corrupción, a través de los procesos civiles, por más de 1.400 millones de dólares. Sin embargo, dijo que en esta década, solo se han recuperado 14 millones de dólares.
En ese sentido, manifestó que en el país no existe un control efectivo, a pesar de que la mayor parte de la inversión pública de los bienes y servicios, y de las contrataciones de obras, se realizan en los gobiernos regionales y locales.
“Detrás de cada corrupto público hay un corrupto privado”. Y eso es una consecuencia de no tener dicho control. El Perú tiene 1.678 distritos, y en la última década, 1.206 de estos nunca han recibido una auditoría, es decir, nadie ha observado sus cuentas», declaró Shack.
Asimismo, explicó que el sistema nacional de control en el Perú genera 1.000 auditorías al año de incumplimiento financiero.
“En la última década, este sistema ha enviado al sistema de justicia más de 9.500 funcionarios públicos con indicios de responsabilidad penal, de esa cantidad, solo 78 están presos”, refirió.
En relación a los sistemas de control, indicó que la Ley de Presupuesto, aprobada el año pasado, le dio tres años al Estado peruano para que los implemente. Sin embargo, al cierre del año pasado, luego de ese periodo, solo 3% entidades habían implementado dicho control interno, 19% comenzaron a tomar acciones y el 78% no concretó dicho sistema.
«Al cierre del 30 de junio del 2020, los sistemas de control interno en el Perú deberían estar implementados», refirió.
Estas declaraciones las brindó durante su presentación, “Integridad: sistema de control interno en la gestión pública”, en el marco del Foro Perú Rumbo a la OCDE: Compliance público y control gubernamental, compliance privado y rol empresarial.
Fuente La República
