El contralor general, Nelson Shack, se presentó el último viernes en la Comisión Especial del Fenómeno del Niño Costero del Congreso para informar de las acciones de seguimiento realizadas a los procesos de los funcionarios con responsabilidad civil, administrativa o penal desde el 2017 por el proceso de la Reconstrucción con Cambios (RCC).
Según detalló el contralor en su presentación, dichas responsabilidades alcanzan hoy a 853 funcionarios únicos. Un ligero aumento comparado al cierre del 2022, cuando eran 845.
El aumento, indicó Shack, se debe a dos casos penales que fueron notificados por la Contraloría en febrero.
“Uno es sobre una trocha carruzable en la provincia de Bolívar (La Libertad) donde hay responsabilidades penales y administrativas de 9 funcionarios. Se comprobó que se pagó por trabajos inexistentes”, dijo el contralor en el Congreso. Por este caso se habría generado un perjuicio económico de más de S/625 mil por una obra de casi S/ 3 millones 500 mil.
El otro informe que explica la variación es sobre una institución educativa en Cutervo, Cajamarca. La liquidación de un colegio se habría aprobado de forma incorrecta sin tomar en cuenta la normativa aplicable. El perjuicio, señaló Shack, asciende a S/ 144 mil por una obra de más de S/3 millones.
Más de una responsabilidad
Los funcionarios señalados por la Contraloría en sus informes sobre el RCC pueden tener más de una responsabilidad sobre sus hombros, ya sea civil, administrativa o penal.
Según cifras de la entidad, el 49.1% tiene responsabilidad penal y administrativa a la vez. Además, 29 funcionarios tienen a la vez los tres tipos de responsabilidades.
El contralor también explicó al Congreso que el total de funcionarios únicos del gobierno nacional que tienen algún tipo de responsabilidad son 104. En el caso de los gobiernos regionales son 120 y 631 en locales.
La autoridad también reveló que, respecto a los avances de estos casos, se han sancionado 97 casos, 187 han sido absueltos, 59 ha prescrito, 120 siguen en trámite y más de 500 están pendientes de sanción.
Para hacer un mejor seguimiento respecto al proceso judicial posterior al control de la Contraloría, Shack indicó que vienen trabajando en articular mejor su trabajo con la Fiscalía, Poder Judicial y la Procuraduría del Estado.
“En el marco de la reforma se está firmando una serie de convenios y hacemos trabajos para interoperar con las bases de datos esencialmente de estas instituciones para saber y atender de manera más rápida los pedidos de información que hace el Congreso y nosotros saber la situación. Estamos interesados en saber qué pasa con nuestros informes, en qué etapa están, qué jueces lo ven y qué fiscales la trabajan”, dijo el contralor.
Cambios a la ley de Contraloría
Durante su presentación en el Congreso, Shack indicó que su entidad ha presentado el proyecto de ley 4750 recientemente para corregir la situación que revela el manejo de la RCC.
Esta iniciativa legislativa busca incluir un procedimiento especial para contextos de emergencia. El objetivo es que el control de la Contraloría pueda ser más veloz en estas situaciones.
“Hace una serie de cambios en la ley orgánica de Contraloría. Hemos incluido un mecanismo por el cual, desde una acción de control, y para efectos de la imputación de las posibles presuntas responsabilidades, se puedan inaplicar algunas normas existentes que traban la gestión en emergencias”, explicó el contralor ante el Legislativo.
Fuente Diario Gestión
