El exgerente general del Gobierno Regional, Jesús Torres Saravia, habría creado una red de tramitadores al interior del Gobierno Regional para favorecer a las contratistas con el pago exprés de adelantos directos y valorizaciones, sin dudas ni murmuraciones.
El equipo, que dependía de la Gerencia General y le daba cuenta directamente a Torres, estaba integrado por la investigada Julliana Ballivian y otros locadores.
Bajo el rótulo de “Equipo de Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión del pliego regional”, contaba con una oficina paralela e inexistente en el organigrama del GORE. Su función era presionar a los funcionarios para dar facilidades a las empresas, a pesar que presentaban documentos falsificados.
En virtud a un acuerdo ilegal previo esta oficina servía para que las contratistas paguen el 6% del valor real de obras y otros montos.
En el caso del centro de salud de Máncora, valorizado en S/40 millones, el consorcio Constructor MNDC pagaría 3%, 1 millón 300 mil y un adicional de S/2 millones. Debido a ello, la empresa no tuvo obstáculos en ganar la buena pro y cobrar el adelanto a pesar de contar con cartas fianza falsas.
Argumentos
Estos son parte de los argumentos que el fiscal Javier López, esgrime en su requerimiento de prisión preventiva contra Torres, su exasistente personal, Julliana Ballivian y el presunto nexo, Edgar Baca Palacios.
El pedido del magistrado será sustentado hoy a partir de las 9:00 am.
Presionaban
Bajo la excusa de agilizar el gasto de inversión, los del “Equipo” visitaban a los funcionarios para agilizar los trámites de pago.
Esto queda corroborado en las declaraciones del exdirector de Obras, Juan Távara Elías y la abogada de Abastecimientos, Karina Ordinola Espinoza.
“Dicha persona de manera reiterada y persistente por encargo del Gerente General acudía a la oficina a exigir el pago del adelanto directo, como además para el trámite del adelanto de materiales”, declaró Távara ante el fiscal el 23 de mayo.
El visto bueno de este funcionario fue uno de los pasos para que el 19 de marzo se hiciera el depósito de casi 4 millones al consorcio. Un día después, el presunto intermediario Edgar Baca coordinaba un pago de 900 mil soles que se haría en Colán.
“Son 900 documentos (dinero), imposible de contar. La confianza por delante”, habría escrito Baca al representante del consorcio, al recibir el pago.
Apuros
La presión y apuro por los pagos de Máncora, también queda en evidencia con la declaración de la abogada Karina Ordinola.
“Luego de imprimir el contrato de la obra de Máncora me correspondía sacar los vistos de las áreas correspondientes, pero Julliana Ballivian me pidió hacerlo ella misma para sacarlo al toque ya que habían oficinas que se demoraban en visarlo. Como ella venía por encargo de la Gerencia General, es que accedí”, dijo.
Nexos
Otra muestra de la estrecha relación con las contratistas es lo dicho por Távara Elías, quien indica que al comunicarle verbalmente a Ballivian sobre un error en una factura, ella de inmediato lo habría hecho conocer a la contratista.
De otra forma no se explica, dice Távara, cómo el consorcio pudo entregarle una nueva factura antes de la notificación oficial.
Además, según los Whatsapps entre Edgar Baca y un representante del consorcio Constructor MNDC, hubo otro error en el código interbancario de la empresa, por lo que el pago del adelanto se retrasó.
A través de los mensajes el contratista envía su nuevo código y Baca responde con la adenda del contrato que debía firmar para corregir el error y pagar.
Irregularidades
Hasta este punto, ya eran escandalosas las omisiones, a pesar de lo cual los funcionarios siguieron adelante y se alistaban para pagar un segundo adelanto de S/8 millones. Entre las omisiones resalta: la firma del contrato fuera de plazo, presentaron personal sin experiencia, falsificaron currículos de profesionales, cartas fianzas sin firmas y falsificadas.
Según la fiscalía, Torres coordinó directamente e indirectamente para que no se observara nada de lo irregular.
El “equipo” presionaba y así logra que el 19 abril el entonces gerente de Infraestructura, Carlos Palacios Meza, ordene el nuevo pago. La presión también queda en evidencia en los whatsapps de Baca hacia el contratista.
Aquí se le exige enviar captura de pantallas de los documentos en trámite para el segundo adelanto porque había presión de la gente del Gobierno Regional. El apuro era porque con el nuevo desembolso, se podría completar la presunta coima de S/3 millones acordada.
Fuente El Tiempo
