En nuevo juicio, el exgerente de Obras de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Rafú Aguirre Escobar, y tres exfuncionarios más, fueron declarados culpables de corrupción y condenados a 4 años de cárcel por el Poder Judicial, pero no irán presos.
Los exfuncionarios de confianza de la gestión del alcalde de Cuenta Conmigo, Luis Arroyo Rojas, la sacaron barata pues la sentencia supone una pena de cárcel suspendida en su ejecución.
Junto con Aguirre Escobar fueron condenados José Alberto Barreto Rojas, José Luis Luna Méndez y Efraín Froilán Arellán López, miembros del comité especial que se conformó en el año 2014 para la adjudicación de una obra de pistas y veredas por 3.6 millones de soles en el asentamiento humano Esperanza Baja.
El fiscal provincial anticorrupción Carlos Roncal Cancino demostró en el juicio que todos ellos incurrieron en el delito de negociación incompatible al ejecutar actos preparatorios del proceso en un solo día para beneficiar al consorcio Esperanza Baja, liderado por una empresa dirigida por la esposa del prófugo empresario Jack Castillo Castillo, quien no tuvo reparos en presentar un documento falso.
Uno de los delitos cometidos en los contextos de contratación pública es la negociación incompatible, que es también uno de los delitos de corrupción más frecuentes. El artículo 399 del Código Penal tipifica la negociación incompatible, o aprovechamiento indebido de cargo, de la siguiente manera: “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días-multa”.
A principios del año pasado Aguirre Escobar, Barreto Rojas, Luna Méndez y Arellán López ya habían sido condenados a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por este mismo caso en un juicio donde incluso se ordenó la ubicación, captura e internamiento de todos en el penal de Cambio Puente.
Sin embargo, meses después la sentencia fue declarada nula por la Primera Sala Penal de Apelaciones al determinar que se habían vulnerado los derechos al debido proceso y a la motivación adecuada y suficiente. La misma Sala ordenó un nuevo juicio en un juzgado penal distinto al que los sentenció.
La sanción final de la justicia por un delito cometido en el año 2014 ahora es así: una sentencia condenatoria a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida y el pago de 80 mil soles por concepto de reparación civil.
Fuente Radio RSD
