La empresa proveedora de la ONPE, acumulaba penalidades y fue advertida por la Contraloría antes de recibir un contrato de 6 millones de soles que terminó en retrasos logísticos y en el inicio de investigaciones por afectar el derecho al voto de 52 mil ciudadanos.
La empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C. es, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la responsable de no haber distribuido a tiempo parte del material electoral para el domingo 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026. Este hecho provocó que 52 mil ciudadanos en distritos del sur de Lima no pudieran emitir su voto a tiempo y tuvieran que volver al día siguiente para sufragar en un horario extendido autorizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Constituida en el 2010 y con sede principal en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, la empresa dedicada al almacenaje, transporte y distribución de carga y equipos para instituciones públicas, tiene trece trabajadores en planilla según reporte de Sunat, y su gerente general es Juan Charles Alvarado Pfuyo, quien ahora se encuentra denunciado penalmente por la Procuraduría del JNE.
Esta empresa cuenta con un amplio historial de contrataciones con el Estado desde el 2018, según el Sistema Electrónico de Contrataciones. Su primer servicio brindado fue al Ministerio de Vivienda, valorizado en 231 mil soles.
En febrero de 2023, la empresa contrató con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud —CENARES del Minsa— por un monto de 452 mil soles. También figura el Ejército del Perú y la Municipalidad Metropolitana de Lima entre sus clientes.
Así se definió el contrato con ONPE
El 09 marzo de este año la ONPE firmó el contrato con la empresa denominado “Servicio de transporte de carga a nivel nacional – despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio – EG 2026”, por un valor de S/ 6,368,332.75 millones.
El cumplimiento de este contrato estaba sujeto a siete etapas de acuerdo con los Términos De Referencia (TDR), un documento que detalla todas las exigencias técnicas a cumplir en todo contrato estatal, al que accedió RPP. Estas etapas comprendían desde el despliegue de material y equipos para las pruebas de simulacro, hasta los traslados hacia Cancillería para el envío de material para el extranjero.
Además, el contrato le exigía a Gálaga S.A.C. contar con cuarenta camiones tipo furgón de su propiedad, así como un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,000,000.00 millones por la contratación de servicios iguales o similares en los quince años anteriores a la fecha del contrato. Así como dos pólizas de S/20,500,000.00 y S/ 29,074,000.00 para cubrir tanto el material electoral como equipos frente a asaltos, accidentes y terrorismo.
La misión de Gálaga S.A.C estaba muy definida: desplegar y entregar de manera oportuna el material, equipos informáticos electorales (EIE) e implementos para simulacro y sufragio desde la Gerencia de Gestión Electoral de ONPE hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país y hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao, así como replegar (retirar) de manera oportuna ese mismo material y equipos desplegados desde las sedes de ODPE del interior del país y desde los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de ONPE.
Pero esto no terminó de suceder. Serán las investigaciones las que determinarán qué es lo que generó el incumplimiento. Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, acudieron el mismo domingo 12 de abril a las oficinas principales de la empresa para reunir información.
Denuncia penal como consecuencia
Frente a los hechos, José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE fue detenido en flagrancia el 13 de abril por la Policía para ser investigado. Previamente, había presentado su carta de renuncia ante el jefe de la ONPE, Piero Corvetto asumiendo su responsabilidad.
Samamé junto a Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de ONPE, firmaron el Término de Referencia del contrato, es decir, fueron los responsables de otorgar el visto bueno a la empresa. El contrato fue firmado por Edwar Eloy Alarcón Gonzáles, gerente de administración de ONPE.
Sin presagiar lo que sucedería, todos estos funcionarios estuvieron juntos la noche del viernes 10 de abril al lado de Piero Corvetto, jefe de la Onpe, en el acto protocolar en la sede de Lurín presenciando el despliegue del material electoral para Lima Metropolitana y el Callao.
El procurador del Jurado Nacional de Elecciones, Ronald Angulo, presentó el lunes 13 de abril la denuncia penal ante la Octava Fiscalía Corporativa de cercado de Lima, en contra del jefe de la Onpe incluyendo a Samamé Blas, Alarcón Gonzáles, el gerente de Gálaga, Juan Alvarado; así como Ricardo Saavedra, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de Onpe y los que resulten responsables.
“Tiene que establecerse responsabilidades. Nosotros hemos denunciado una presunta comisión de tres delitos y el fiscal es el titular de la acción penal, es él quien tiene que investigar y al final disponer si se abre o no un proceso penal en contra de los denunciados”, señaló a RPP el procurador.
Los delitos por los que han sido denunciados son contra el derecho al sufragio, contra la administración pública y contra la obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.
Una empresa sancionada por la ONPE
Los primeros contratos de Gálaga S.A.C con la ONPE se registraron en enero del 2020, por dos servicios distintos que, sumados, dieron el valor de 4 millones de soles. Desde entonces, la empresa se convirtió en proveedora regular del organismo electoral. Sin embargo, Gálaga S.A.C. no siempre cumplió a cabalidad con los servicios de transporte y distribución de carga y equipos tecnológicos, rubro en el que afirma ser “altamente especialista”, como figura en su página web.
La ONPE la penalizó en tres ocasiones. En julio de 2020, con una sanción de S/55,000.00 soles por no cumplir con el servicio de despliegue y repliegue de material de sufragio y equipos informáticos; es decir, por registrar el mismo problema ocurrido el último domingo. La segunda penalidad se aplicó en enero de 2023, por S/1,330 soles. Nueve meses después, en setiembre, la entidad volvió a sancionarla con S/ 6,800.00 soles por fallas en el despliegue y repliegue de material electoral y equipos para un simulacro de cómputo en elecciones municipales complementarias.
La advertencia de la Contraloría sobre Gálaga S.A.C
El 26 de marzo, la Contraloría General de la República advirtió al jefe de la ONPE, Piero Corveto, a través del reporte N° 053-1-2026-OCI/3599-SCC, que los 70 conductores que Gálaga S.A.C acreditó como recurso humano fundamental para la distribución del material electoral, no contaban con documentos de tener experiencia manejando vehículos tipo furgón exigido en el contrato. Un hecho que debía ser corregido inmediatamente.
Según el informe, si bien las constancias indicaban que los conductores tenían más de un año de experiencia laboral, los documentos no especifican que ese tiempo haya sido en vehículos de las categorías exigidas, como camiones N2 o N3 o unidades similares destinadas al transporte de carga o pasajeros.
“Hemos cumplido con todas las obligaciones”
La empresa Servicios Generales Galaga SAC se pronunció el lunes a través de un comunicado, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la señalara de ser responsable de la demora del traslado de material electoral a locales de votación.
A través de su página de Facebook, rechazó la imputación de la entidad electoral y señaló que ha cumplido con todos los términos del contrato suscrito con ONPE.
“Nuestra empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia (TDR) del servicio contratado, los cuales se encuentran debidamente sustentados y documentados. El servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad”, señala el documento.
“Las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa, los cuales deben ser evaluados integralmente por la entidad contratante”, detalló.
“En ese sentido, consideramos que las declaraciones emitidas por el titular de la ONPE a través de diversos medios de comunicación han generado un impacto negativo en la imagen y reputación de nuestra empresa, sin haberse evaluado previamente todas las circunstancias que rodearon la ejecución del servicio”, destacó.
La concesionaria pidió a la ONPE que les “ofrezca las disculpas públicas necesarias” por los daños ocasionados a su imagen institucional.
Fuente RPP
