Para nadie es un secreto la realización de los sospechosos contratos que adjudicó Ricardo Cisneros, conocido en el mundo artístico como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra. Entre julio del 2018 y abril del 2020, suscribió nueve por un monto de 175.400 soles.
La Fiscalía sostiene que la contratación de Cisneros fue a petición del mandatario Vizcarra por intermedio de la ex secretaria general Mirian Morales Córdova. De esta manera, la entidad solicitó 13 años y 4 meses de cárcel para ella, además de 6 años y 8 meses para Cisneros.
La acusación contra extrabajadora responde al presunto delito de tráfico de influencias (coautora y alternativamente cómplice primario), negociación incompatible (instigadora) y contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción y ocultamiento real.
Sin embargo, parte del costo de su defensa será asumido por el Estado. De acuerdo al portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), al que accedió La República, la Presidencia de la República adjudicó un contrato de 50.000 soles a favor de Hugo Mendoza Malpartida, abogado de Morales.
La licitación directa (a dedo) fue convocada el 12 de abril a las 6.05 p. m. y en menos de 24 horas se adjudicó la contratación. Con ello se responsabilizará del costo en beneficio de la exsecretaria de Martín Vizcarra.
Según la resolución n.º 0008-2022-DP/SSG, que emitió la secretaría presidencial, se declara procedente la solicitud que hizo llegar Morales el 21 de abril de 2021, amparada en la Ley n.º 30057, Ley del Servicio Civil (Servir).
“La Subsecretaría General, mediante la cual, se dispone declarar procedente la solicitud de defensa y patrocinio legal formulada por la señora Mirian Maribel Morales Córdova, quien ejerció el cargo de secretaria general del Despacho Presidencial durante periodo comprendido entre los años 2018 al 2020″, precisó el documento que firmó el subsecretario Beder Camacho.
La República se comunicó con Raúl Saco, abogado especialista en derecho laboral, quien reiteró que la ley lo permite, pero no es obligación del Estado asignarle una defensa con un costo alto.
“Se tiene que evaluar como la implicada (Mirian Morales) va a devolver el dinero en caso pierda el juicio. También se tiene que analizar el costo solicitado, pues, el Gobierno puede reducirle el monto. La ley la ampara, pero no es obligación del Estado, eso hay que dejar en claro”, dijo.
Fuente La República
