César Aguilar, presidente del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General de la República, informó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el Estado perdió más de S/ 39 millones por falta de competencias sancionadoras.
El perjuicio económico total es de S/ 39 213 835. La causa sería la emisión de una resolución que establece que el órgano de control no está facultado para identificar y desarrollar la responsabilidad administrativa funcional.
En esa línea, Aguilar Surichaqui manifestó que esos inconvenientes en la labor de la entidad deberían haberse solucionado con la aplicación de la Ley Nº 30742, cuyo objetivo es “modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como optimizar sus capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción”. Sin embargo, ello no se viene aplicando.
Respecto a este último aspecto, Jorge Danós Ordóñez, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad de Lima, explicó que podría generar un problema competencial si se restaura la capacidad sancionadora e independencia técnica y funcional a la Contraloría y al Tribunal.
El perjuicio económico fue por obras en distintas regiones
El funcionario de la Contraloría detalló que la pérdida fue por obras emblemáticas que se encuentran ubicadas en distintas zonas del país. Además, confirmó que existe una suma en dólares como perjuicio económico.
“Hay un perjuicio económico de 39 millones de soles y de 6 millones de dólares. En Lima, hemos identificado 14 obras emblemáticas; en Junín, 3; en Lambayeque, 13. Los plazos debieron estar orientados a la lucha contra la corrupción”, refirió.
Todavía no se reanuda el proceso administrativo de Chinchero
En cuanto al Aeropuerto Internacional de Chinchero, en el que presuntamente ocurrieron irregularidades en su ejecución, César Aguilar expresó que se debió imponer sanciones administrativas, pero que ello no procedió porque el Tribunal Constitucional no reanudó el procedimiento.
“Desde que se devolvió en diciembre hasta que salió la sentencia en el Tribunal Constitucional en abril, hubo varios meses de paralización injustificada, por los cuales no se reinició este proceso administrativo respecto a Chinchero”, subrayó.
Las indagaciones por la construcción del aeropuerto surgieron tras la suscripción de una adenda que fue considerada como perjudicial para el Estado por parte de la, en ese entonces, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura y Transporte Público (Ositran), Patricia Benavente.
El contrato que se firmó en febrero de 2017 otorgó la concesión de Chinchero a la sociedad aeropuertaria Kuntur Wasi, misma que asumiría el mayor costo de la obra. Sin embargo, luego de la primera adenda, el Estado pasó a asumir del 28.6 al 80.1% del financiamiento.
Edgar Alarcón participó en la sesión de la Com. Fiscalización
En la sesión virtual, que tuvo lugar este miércoles 18 de noviembre, participó también el congresista Edgar Alarcón, de la bancada de Unión por el Perú (UPP), quien preside la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento.
No obstante, Alarcón Tejada cumplirá dicha función solo hasta el término de esta jornada, según informó el legislador Roberto Chavarría, vocero alterno del grupo parlamentario UPP.
“Ayer conversamos con José Vega, portavoz de la bancada, y justamente se ha tomado la decisión de que Edgar Alarcón ya no va más como presidente de la Comisión de Fiscalización. Solo hasta hoy (miércoles) estaría dirigiendo la comisión. Incluso, no solo va a ser retirado de la presidencia, sino va ser retirado de la comisión”, declaró a La República.
Fuente La República
