La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en el procedimiento de selección convocado por la Municipalidad Provincial de Azángaro para la ejecución de la obra “Creación de servicios deportivos y recreacionales en la comunidad de Tintiri”, situación que habría generado un perjuicio económico de S/ 61 843 para la entidad.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 042-2026-2-0457, correspondiente al periodo evaluado entre el 28 de diciembre de 2023 y el 1 de abril de 2024, los miembros del comité de selección incorporaron en las bases del proceso un requisito adicional relacionado con el cumplimiento de la norma de seguridad en obras G.050. Sin embargo, este requisito no era obligatorio para la admisión de ofertas ni estaba contemplado en las bases estándar aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Como consecuencia de esta decisión, ocho propuestas que cumplían con los requisitos establecidos fueron declaradas no admitidas por no presentar un anexo que no correspondía exigir en esa etapa del proceso. Asimismo, otra empresa fue excluida pese a haber presentado la documentación requerida mediante su representante común, conforme a las exigencias establecidas por el propio comité de selección.
Estas acciones permitieron que únicamente un postor continuara en competencia y obtuviera la buena pro para la ejecución del proyecto. La municipalidad terminó contratando la obra por un monto de S/ 618 431 mediante un consorcio, pese a que existían nueve propuestas no admitidas que ofertaban ejecutar los trabajos por S/ 556 588.
La diferencia entre ambos montos generó un perjuicio económico de S/ 61 843 para la entidad, según concluyó la Contraloría tras evaluar el procedimiento de contratación.
El órgano de control también advirtió que el OSCE recomendó declarar la nulidad del proceso por considerar que se vulneraron los principios de transparencia, competencia y libre concurrencia. No obstante, la Subgerencia de Abastecimiento, que ejercía la presidencia del comité de selección, no adoptó las medidas correctivas recomendadas.
Por el contrario, dicha dependencia gestionó la suscripción del contrato con el único postor que permaneció en competencia, permitiendo que el procedimiento continuara pese a las observaciones formuladas por el ente supervisor.
Ante estos hechos, la Contraloría General de la República recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales correspondientes contra los funcionarios y servidores involucrados, con el fin de determinar las responsabilidades que pudieran existir en este caso.
R.C.M.
Fuente La Decana
