Un apagón en Fiscalía que podría llevarse mucha información. Un juego de tronos dentro del Ministerio Público pronostica un final de temporada desolador para nuestro país; pero, más allá de las imputaciones y denuncias de ida y vuelta de fiscales importantes, audios revelados de asesores comprometidos con congresistas hablan de negociaciones ilícitas.
Pero podría ser que en el Ministerio Público la corrupción y el tráfico de influencias haya llegado hasta la misma administración. Un presupuesto de 300 millones de soles de todos los peruanos fue auditado.
‘ContraCorriente’ obtuvo en exclusiva esta denuncia ingresada en la Contraloría, en donde se expone acerca de una licitación internacional direccionada en el Ministerio Público por más de 40 millones de soles. En la denuncia se advierte que dentro del comité de selección participa un familiar de la apoderada de la empresa ganadora.
Se trata de la licitación pública internacional número 009-2023-MP-UE-BID para la implementación de un importante Data Center principal y un Data Center de contingencia del Ministerio Público y Fiscalía de la Nación. La sensible licitación, realizada en el marco del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), implica un préstamo de la banca interamericana de más de 40 millones de soles para la Fiscalía, que permitirá tener un sofisticado administrador de información y guardián de archivos de casos, varios de ellos emblemáticos, que investiga el Ministerio Público.
A todas luces, una implementación importante con miras hacia la evolución tecnológica de la Fiscalía para 2024, toda vez que desde hace 3 años cualquier entidad pública debe gastar por lo menos el 25 % de su presupuesto en tecnología. En el Ministerio Público eso significa casi 100 millones de soles, un rubro importante dentro de nuestras entidades que debe ser custodiado para que no se direccionen y se beneficien empresas y funcionarios con el dinero de todos los peruanos.
El mismo BID, en una particular carta dirigida al Ministerio Público, advierte tres observaciones importantes en la ejecución de la licitación. Así se puede leer en la carta remitida a su Directora Ejecutiva, de fecha 27 de noviembre, literal: «Que se les hace de su conocimiento que, con arreglo a los procedimientos internos, lo relativo a la denuncia que se ha interpuesto en la Contraloría General de la República ha sido comunicada a la oficina de integridad institucional (OII) del banco».
La denuncia, a la que hace referencia la carta del BID, es un registro en Contraloría al que el dominical tuvo acceso. Aquí se evidenciaría un posible tráfico de influencias, direccionamiento e, incluso, arreglo en el otorgamiento de la buena pro en favor de la empresa ITALTEL PERU SAC con RUC 20518257723.
Efectivamente, como se pudo comprobar aquí en ‘ContraCorriente’, los dos funcionarios habrían participado directamente en dicha licitación. Aquí empezaría la irregularidad, pues con la carta, a la que se tuvo acceso, se designa al ingeniero Jorge José Carlos León Ricaldi como uno de los especialistas en el comité de selección. Así se lee en el documento oficial número 001057.
Según el informe remitido al BID, se presentaron más de 25 empresas especialistas en tecnología, entre nacionales e internacionales, y quedaron dos: Italtel Perú SAC y Estructuras Digitales de México Comercializadora SA de C.V.
La apoderada de la empresa, que finalmente ganó la buena pro: italtel Perú SAC es como se puede leer en los datos inscritos en SUNAT, la abogada Doris Ricaldi Palomino, con DNI 21286677, prima del ingeniero Jorge León Ricaldi, encargado de calificar las empresas concursantes; es decir, León Ricaldi habría sido el encargado en el Ministerio Público de evaluar y beneficiar la empresa en la que su prima Doris Ricaldi Palomino es apoderada.
Pero, la denuncia en Contraloría es mucho más grande y no solo evidenciaría los supuestos favorecimientos familiares dentro de una entidad del Estado. Se consigna, además, que la empresa que ganó la licitación, al cumplir supuestamente con todos los requisitos solicitados, la transnacional Italtel Perú SAC, es una conocida del Estado que ha ganado licitaciones en su mayoría coincidentes con los puestos de trabajo del nuevo gerente de Oficinas de Redes y Comunicaciones en el Ministerio Público: Félix Eloy Jiménez Chuque.
Jiménez Chuque ha trabajado desde 2020 como jefe de la Oficina General de Información Tecnológica en el Ministerio del Interior, subgerente de operaciones telemáticas en la Reniec, gerente de Tecnología en la misma entidad por solo un mes, 9 meses en la Sunarp y, finalmente, ahora en la Fiscalía.
Por tres años, se ha contratado hasta por 34 millones de soles los servicios de la compañía Learning and Languages Services, una empresa de traducción peruana con más de 29 años en el mercado, que dirige la licenciada Mari Ann Monteagudo Medina, miembro del Colegio de Traductores del Perú.
Habría incompatibilidad de funciones y muchas preguntas por resolver: ¿por qué se creó una oficina que lleva vacía todo un año?, ¿Quién administra correctamente y de qué manera los recursos del Ministerio Público? y ¿Quién coloca en puestos sensibles y claves a personal, luego sindicado en denuncias públicas?
Cuánto más hay por descubrir, en una institución del sistema de administración de justicia, que más protagonismo ha tenido en los últimos tiempos, que es titular de la acción penal, que nadie viole la ley, pero que actualmente anda ciego en su propia casa.
Fuente Willax
