La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra el alcalde de Nuevo Chimbote, Walter Soto Campos, por el delito de colusión simple y, alternativamente, negociación incompatible en el denominado caso “Supervisores de Obras”.
La disposición fiscal, emitida el 31 de julio de 2026 por el fiscal Alejandro Martín Galloso Asencio, también comprende como presuntos autores a Ruy Díaz Huamán, presidente del comité de selección; Miguel Girón Chávez, primer miembro y Gonzalo Sánchez Campos, segundo miembro del comité. Asimismo, fueron comprendidos como presuntos cómplices (extraneus) los empresarios Rosendo Castañeda Gamboa, integrante de los consorcios Perú y FC, y Johan Espinoza Orellana, integrante de los consorcios AMELIE, FC, JM, DG y Deportivo. NoticiasPerú
De acuerdo con la disposición fiscal, a la que RSD tuvo acceso, estos dos últimos pertenecerían al entorno amical del alcalde. La investigación fue declarada compleja y tendrá un plazo de ocho meses, durante el cual se realizarán diversas diligencias, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales, el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y el secreto de las comunicaciones de los investigados. También se culminará la pericia de ingeniería civil relacionada con siete procesos de selección para la supervisión de obras, valorizados en 939 039 soles.
Fiscalía descarta organización criminal
En la misma disposición, el Ministerio Público resolvió no formalizar ni continuar la investigación preparatoria por el delito de organización criminal contra los investigados. La Fiscalía sostiene que no se cumplen los presupuestos exigidos por este tipo penal, entre ellos la existencia de una pluralidad de delitos graves.
Según el documento fiscal, en este caso se investiga el delito de colusión simple y, alternativamente, negociación incompatible, cuyas penas —señala la Fiscalía— no alcanzan el nivel de gravedad requerido para configurar una organización criminal. Además, precisa que no debe confundirse la pluralidad de hechos con la pluralidad de delitos, pues los siete procesos de selección cuestionados constituirían una pluralidad de hechos que estarían subsumidos en un mismo tipo penal.
La Fiscalía también señala que el hecho de integrar una organización criminal constituye una agravante del delito de colusión y que, respecto a una presunta estructura jerárquica y distribución de roles, no existen elementos de convicción sólidos que permitan iniciar una investigación preparatoria por este extremo.
Los presuntos hechos
Según la denuncia, Walter Soto habría concertado presuntamente con Rosendo Castañeda Gamboa y Johan Espinoza Orellana para favorecerlos en siete procesos de selección para la supervisión de obras. Ambos empresarios serían, según la hipótesis fiscal, allegados al burgomaestre.
La denuncia también señala que estos empresarios participaron en los procesos conformando consorcios con otros profesionales, con el propósito de evitar sospechas. De acuerdo con la disposición fiscal, los integrantes del comité de selección —Ruy Díaz Huamán, Miguel Girón Chávez y Gonzalo Sánchez Campos— habrían descalificado indebidamente a otros postores que cumplían con los requisitos establecidos y que, incluso, presentaban ofertas económicas más favorables.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que diversos profesionales y consorcios se habrían registrado simultáneamente como participantes en los procesos de selección. Posteriormente, habrían presentado sus propuestas sin adjuntar deliberadamente determinados documentos exigidos por las bases, lo que habría ocasionado su descalificación y permitido que los consorcios vinculados a los empresarios investigados obtuvieran la buena pro.
Caso de la esposa del alcalde
La Fiscalía también resolvió no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra Zulema Barrenechea Reyes, esposa de Walter Soto y excandidata a diputada por Áncash, quien había sido denunciada por el delito de colusión simple.
Según el Ministerio Público, Barrenechea no tiene la condición de funcionaria pública debido a que no ejerce ningún cargo en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y desarrolla actividad privada. Por ello, sostiene que no tenía facultades dentro de la administración pública para intervenir en decisiones relacionadas con las contrataciones materia de investigación. TurismoChimbote
La Fiscalía concluye que, bajo estas circunstancias, no puede ser considerada extraneus ni cómplice del delito especial atribuido al funcionario público, por lo que considera que no existen elementos de convicción suficientes para iniciar una investigación preparatoria en su contra. (V.Z. – RSD Noticias).
Fuente Radio RSD
