La Contraloría General de la República halló presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro ex funcionarios y/o servidores y una funcionaria en funciones de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de La Libertad en el que se habría falsificado proformas de cotización para contratar directamente a 3 profesionales en lugar de convocar a un proceso de selección.
Para la contratación se simuló una evaluación y selección de dichos profesionales utilizando información que se presume falsa.
En el proyecto denominado “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos en la cuenca del río Moche” (en el ámbito de las provincias donde se localiza: Trujillo, Otuzco, Santiago de Chuco y Julcán), valorizado en S/ 39.4 millones, se contrató irregularmente -entre otros- los servicios de un supervisor, un residente, (ambos ingenieros) y un administrador para la ejecución de la obra por administración directa, en vez de convocar a un proceso de selección.
La obra se remonta al 2022, año en que inició.
La modalidad que se aplicó fue el fraccionamiento de las contrataciones para omitir un procedimiento de selección que era lo que correspondía (adjudicación simplificada), conforme a la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La Contraloría estableció que esto se hizo a pesar de que el proyecto contaba con toda la disponibilidad presupuestal.
El fraccionamiento se materializó a través de contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios de manera continua y acreditada con los pedidos del servicio, órdenes de servicio, contratos, adendas, conformidades de servicio y órdenes de pago a los cuales tuvo acceso la Contraloría.
Propuestas económicas de otros seis profesionales habrían sido adulteradas.
En total, al ingeniero supervisor de obra se le pagó S/ 88 000 (de febrero a diciembre 2022), al ingeniero residente de obra S/ 67 500 (de abril a diciembre 2022) y a la administradora de obra S/ 66 000 (de febrero a diciembre 2022) mediante retribuciones mensuales de S/ 8 000, S/ 7 500 y S/ 6 000, respectivamente. Incluso, pese a que la administradora no cumplía con el perfil requerido, se le extendió contrato hasta el 2023, indica la Contraloría.
Al revisar los expedientes de contratación de los tres locadores en cuestión, la Contraloría detectó documentos que hacen referencia a propuestas económicas de otros seis profesionales. Sin embargo, cuando estos fueron consultados por la Contraloría, aseguraron “no haber elaborado, firmado ni presentado dichas propuestas económicas para ocupar los cargos de ingeniero supervisor, ingeniero residente y administrador de obra”.
Proyecto retrasado
La ejecución del proyecto que pretende optimizar el uso del agua disponible de la cosecha para riego en beneficio de 2 295 pobladores, entre otros, se inició el 14 de enero del 2022 y debió culminar el 13 de febrero del presente año. Sin embargo, cuenta con la aprobación de una ampliación de plazo de 69 días calendario. Al 20 de febrero de 2024, la obra presentaba un avance físico acumulado de 55.79% y se encontraba en estado de atrasada, según Invierte.pe
Informe de control
Las irregularidades constan en el Informe de Control Específico N° 029 -2024 -2 -5342 -SCE que fue comunicado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de la acción penal, así como al titular de la Gerencia Regional de Agricultura para el deslinde de las responsabilidades que correspondan.
Presunta responsabilidad
La Contraloría halló presunta responsabilidad por los hechos antes descritos en Anaselly Roxana Quispe Aurora, Edgar Fredy Cala Esparza, responsables de Logística para la oficina de Administración; Karol Jacquelin Valqui Sipirán, directora de la oficina de administración; José Leandro Paz Castillo, subgerente de desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria; Gay Korey Mendoza Arrelucea, asistente administrativo de la oficina de Administración, cargos todos de la Gerencia Regional de Agricultura del GRLL.
Fuente: UNDiario.pe
