Como parte de la investigación por presuntos delitos contra la administración pública en la compra de 150 patrulleros por parte del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), la Fiscalía Anticorrupción dispuso una serie de diligencias, entre las que se figuran interrogatorios a cuatro personas, recopilación de información vinculada a las licitaciones de dos contratos y una pericia contable.
Recientemente, la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe determinó el inicio de las investigaciones preliminares por presunto delito de negociación incompatible. Las pesquisas tendrán un plazo máximo de 120 días, sin perjuicio de culminarse antes de este plazo, de acuerdo a la carpeta fiscal n.° 346-2023.
El Ministerio Público dispuso recabar las declaraciones de cuatro personas que podrían ofrecer información relevante para el avance de las pesquisas. Los citados son Virnel Bonifacio Serna Guerrero, gerente regional de Infraestructura; Juan Daniel Burga Ramírez, director de Estudios y Asistencia Técnica; Ciro Ismael Delgado Sánchez, jefe regional de Administración; y César Augusto Zambrano Valdivia, integrante de comité de selección.
La investigación responde a presuntas irregularidades en la licitación pública n.° 07-2023 de Mejoramiento de los servicios policiales preventivo y operativo de las comisarías rurales y departamentos especializados-ítem n.° 2 unidades móviles, consistente a la adquisición de 27 vehículos patrulleros, cuya buena pro fue dada a la empresa Grupo Pana.
Del mismo modo, la investigación abarca los hechos relacionados a la adjudicación simplificada n.° 10-2023 referido al Mejoramiento de los servicios policiales preventivo y operativo de las comisarías rurales y departamentos especializados -ítem n.° 1, consistente a la compra de 123 unidades, a favor de la empresa Autoespar SA.
Otra de las diligencias programadas es que la Oficina de Peritajes Contables de la Fiscalía Anticorrupción deberá realizar una pericia contable a los mencionados contratos para la adquisición de camionetas. Con esta directriz se tiene el propósito de esclarecer si los procesos de contratación se hicieron de acuerdo a la Ley de Contrataciones y su reglamento.
Fuente La República
