La Contraloría General de la República alertó que siete actuales funcionarios y servidores del Gobierno Regional (GORE) de Lima, así como un exfuncionario, habrían favorecido a la empresa proveedora CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L. con contrataciones de bienes y servicios por un total de S/375.796.
Los hechos ocurrieron entre 2023 y 2025, según el organismo que identificó una presunta responsabilidad penal y/o administrativa en los implicados al no cautelar una serie de procedimientos en las negociaciones, lo que impidió que la institución acceda a mejores condiciones de contratación.
Según la Contraloría, las personas comprendidas en los actos presuntamente irregulares son Pablo Díaz Menacho, Víctor Aroni Cañari, Luis Changanaqui Bernal, Andrea Alegre Vilela, Nive Tito Alarcón, Leonor Tello Macavilca, Justo Quillca Mayo y Víctor Bautista Bellido.
Empresa fue beneficiada con más de 20 contrataciones
Los auditores evidenciaron que la empresa proveedora fue beneficiada con 22 contrataciones mediante deficientes indagaciones de mercado, el uso de cotizaciones atribuidas a empresas y personas vinculadas entre sí y que presentaban indicios de falta de autenticidad.
El favorecimiento también se dio a través de la aceptación de documentos incompletos, la falta de verificación del cumplimiento de los términos de referencia, y la inaplicación de penalidades contractuales que ocasionó un perjuicio económico de S/7.400, entre otros aspectos.
De las 22 contrataciones observadas, una fue por el importe de S/74.000 derivada de un procedimiento de selección, y 21 por montos iguales o inferiores a 8 UIT, por el importe de S/301.796.
Compañía modificó sus actividades en fechas clave
El informe también advierte que el proveedor efectuó modificaciones en sus actividades económicas principales y secundarias durante 2023, 2024 y 2025, algunas de las cuales se produjeron en fechas cercanas, coincidentes o previas a las solicitudes y presentaciones de cotizaciones, y a la ejecución de los servicios y bienes contratados por el GORE Lima.
La empresa contratada brindó prestaciones de diversa naturaleza, tales como servicios de alimentación, mantenimiento de ascensores, alquiler de equipos y adquisición de mobiliario, estantes, escritorios y acondicionamiento de letreros, entre otras labores.
Los resultados del informe fueron notificados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales contra siete de los ocho involucrados en el caso, así como al titular del GORE Lima para el deslinde de responsabilidades administrativas que correspondan.
Fuente La República
