Piura. La Contraloría General identificó responsabilidad administrativa y penal en cuatro funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por permitir la continuidad de la delimitación de la faja marginal del río Piura pese a los constantes incumplimientos del contratista que prolongó el plazo de ejecución de tres meses a casi dos años.
En noviembre de 2018, la ANA firmó contrato para el servicio de consultoría por un monto ascendente a S/ 997.476 y un plazo de ejecución de 90 días calendario. Dicho plazo se inició con la entrega de la información pluviométrica disponible por parte de la entidad y culminaba el 20 de marzo de 2019.
A pesar de que en las bases se señalaba que se designaría a un profesional para las labores de seguimiento y monitoreo, no se nombró a un funcionario con un documento; sin embargo, se le encargó dichas funciones a un especialista de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque Zarumilla, quien no cumplió con las actividades.
Para el primer entregable, el consorcio levantó las observaciones un día después del plazo previsto y recién en abril de 2019, cuando el plazo contractual estaba vencido se dio conformidad. En tanto, la subsanación del segundo entregable se cumplió en junio de ese año y en diciembre se dio conformidad al tercer entregable
Fuente La República
