Los oficiales de la Séptima Región Policial de Lima, encargados de adquirir equipos de bioseguridad para prevenir el contagio del nuevo coronavirus, en lugar de buscar los mejores productos y precios del mercado, concertaron con empresas proveedoras a las que pagaron una mayor cantidad de dinero por bienes de dudosa calidad.
Según la investigación del fiscal Marcos Huamán Muñoz, los autores de las contrataciones seleccionaron a las empresas sin ningún estudio de mercado, en beneficio de compañías que no pertenecen al rubro de los productos que vendieron y tampoco contaban con experiencia en contrataciones con el Estado, como exige la ley.
Lo sucedido en la Séptima Región Policial de Lima no es un caso excepcional. Debido a la pandemia del Covid-19, el Ministerio del Interior autorizó a las direcciones regionales de la PNP a efectuar las adquisiciones de emergencia para prevenir el contagio entre los efectivos policiales. Esto permitió el manejo directo del presupuesto y de los procesos de compra, registrándose numerosos casos de presunta corrupción, que ha implicado al menos a 13 generales de la PNP.
Por esta razón, el titular de la Segunda Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, el fiscal Marcos Huamán, allanó la residencia del exjefe de la Séptima Región Policial de Lima el general PNP Herbert Ramos Ruiz, además de otros 9 oficiales y 5 servidores civiles que estaban bajo sus órdenes durante las compras presuntamente ilícitas. Los efectivos policiales son:
- El coronel PNP Edgar Poma Mateos, exjefe de la Oficina de Administración de la Séptima Región Policial Lima
- El comandante PNP Alfonso Huilca Peña, exjefe de la Oficina de Logística
- El comandante PNP José Tenorio Fernández, exjefe del Área de Economía
- El mayor PNP Juan Valderrama Alva, exjefe de la Oficina de Abastecimiento
- La capitana PNP Gisell Gamarra Carbajal, exjefa de Asesoría Legal
- El capitán PNP José Terrones Huanca
- El suboficial superior PNP John Rivas Rivadeneira, exjefe del Área de Asesoría Jurídica
- El suboficial Julio Alca La Torre, exoperador de Control
- El suboficial Eber Zárate Araujo, exoperador de la Unidad de Asesoría Jurídica
Y con ellos, los empleados civiles: la exjefa del Área de Valor Estimado Verónica Cotrina Sánchez, el exjefe del Área de Procesos Modesto Guzmán Figueroa; el especialista en Procesos Juan Núñez Mayanga, el exasesor legal del Área de Administración Jorge Suazo Cavero, y la exoperadora de Indagación de Mercado Brenda Medina Gamonal.
El 16 de marzo de 2020, se le ordenó a Verónica Cotrina elaborar un estudio de mercado de mascarillas, guantes, equipos de bioseguridad y artículos de aseo, por un valor de 1 millón 304 mil soles. Pero Cotrina descubrió que un grupo de proveedores ya había comenzado a internar los productos en los almacenes de la Séptima Región Policial Lima, según declaró al fiscal. Todo estaba amarrado.
Las empresas proveedoras confabuladas son Anya Milagros Esquén Gumer, por 641 mil 130 soles; Uniform Sniper, por 203 mil 880 soles; DMA Servicios, por 386 mil 400 soles; y Corporación Alme, por 72 mil 972 soles.
Además, el fiscal detectó que Azur Servicios, una empresa dedicada al rubro de fotocopiadoras, ganó la buena pro para la fumigación y desinfección de 180 comisarías de Lima y Callao para evitar el avance del Covid-19. Todo se hizo a dedo, sin estudio de mercado.
Empresas implicadas siguen cobrando
El operativo de allanamiento que se registró el miércoles estuvo a cargo del fiscal Marcos Huamán Muñoz, en coordinación con agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), quienes se desplazaron simultáneamente a una veintena de viviendas en Lima, Trujillo y Huancayo.
El objetivo del operativo fue incautar documentación, equipos de cómputo y dispositivos de almacenamiento informático relacionados con las adquisiciones amañadas.
Increíblemente algunas de las empresas investigadas reclaman que la PNP les pague por el suministro de productos.
Las cifras
10 efectivos PNP están implicados, incluido el general PNP Herbert Ramos Ruiz.
1,3 millones es el monto bajo investigación por el fiscal Marcos Huamán.
Fuente La República
