El reciente Comunicado N° 016-2025-OECE marca un hito en la evolución de las contrataciones públicas peruanas. Al establecer la obligatoriedad de incorporar matrices de gestión de riesgos en todos los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, el OECE no solo reafirma el espíritu preventivo de la Ley N° 32069, sino que lanza un desafío complejo a las entidades públicas: transformar un mandato normativo en una herramienta efectiva de gestión.
La medida es oportuna. Durante décadas, la contratación pública peruana operó bajo un enfoque reactivo, donde los riesgos se materializaban en sobrecostos, retrasos y controversias arbitrales que terminaban por erosionar la confianza ciudadana y el erario público. El comunicado busca revertir esta lógica, exigiendo que las entidades identifiquen, analicen y asignen riesgos según la capacidad real de gestión de cada parte contratante.
Sin embargo, la norma genera interrogantes prácticas. ¿Están las entidades preparadas para elaborar matrices robustas que vayan más allá del cumplimiento formal? ¿Cuentan con personal capacitado para realizar análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos? ¿Conocen las metodologías internacionales que el comunicado menciona de manera genérica? La evidencia sugiere que no. La mayoría de órganos encargados de contrataciones carecen de experiencia técnica en gestión de riesgos, lo que podría derivar en matrices superficiales que no cumplan su propósito preventivo.
El comunicado establece que, para obras y consultorías avanzadas que superen los S/ 50 millones, debe conformarse un Comité de Gestión de Riesgos responsable de supervisar y revisar el proceso durante las tres fases contractuales. Esta disposición es técnicamente correcta, pero operativamente compleja. ¿Quiénes integrarán estos comités? ¿Qué competencias deberán acreditar? ¿Bajo qué procedimientos operarán? El silencio normativo en estos aspectos operativos podría generar implementaciones heterogéneas y, en el peor escenario, ineficaces.
Otro aspecto crítico es la distribución de riesgos. El comunicado ordena que “en ningún caso las partes deben asumir riesgos que no puedan manejar o cuyo costo de gestión sea desproporcionado”. Esta norma de oro de la gestión contractual moderna choca con una realidad poco favorable: la asimetría de poder en la negociación de contratos públicos y la tendencia histórica a transferir riesgos no gestionables al contratista. Sin capacitación específica y casos prácticos que ilustren el equilibrio correcto, esta disposición corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
Aquí radica la necesidad de un enfoque práctico. No basta con conocer la norma; es imperativo comprender su lógica subyacente y dominar las herramientas de implementación. Las entidades requieren guías concretas, matrices modelo, criterios de asignación de riesgos basados en evidencia y casos reales que ilustren cómo aplicar efectivamente estos conceptos en el contexto peruano.
La gestión de riesgos no puede improvisarse. Requiere método, conocimiento técnico y, sobre todo, comprensión profunda del ciclo contractual. El nuevo marco normativo ofrece una ventana de oportunidad para que las entidades transiten del cumplimiento formal a la gestión estratégica, pero esto solo será posible con el respaldo de herramientas especializadas que traduzcan la teoría en acción concreta.
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El libro “Gestión de riesgos en la contratación pública: Claves para una ejecución efectiva” (5 de noviembre de 2025), del MBA CPC Juan Carlos Rodríguez Luna, ofrece una respuesta práctica y especializada al desafío planteado por el Comunicado N° 016-2025-OECE.
Esta obra desarrolla metodologías aplicables al contexto peruano, matrices modelo adaptables a diferentes tipos de contratación, criterios técnicos para la distribución equilibrada de riesgos y casos prácticos que ilustran la implementación efectiva de sistemas de gestión de riesgos bajo el marco de la Ley N° 32069.
Dirigido a funcionarios públicos, órganos encargados de contrataciones, miembros de comités de gestión de riesgos, proveedores del Estado y profesionales del sector público, este libro constituye una herramienta indispensable para transformar la obligación normativa en una ventaja competitiva institucional.
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Autor: MBA CPC Juan Carlos Rodríguez Luna, Certificado OECE, Auditor Independiente, Especialista en Gestión Pública, Contrataciones del Estado y Control Gubernamental.
