En el Perú, el discurso político suele apuntar hacia Lima cuando se habla de pobreza a pesar de que los números cuentan otra historia, en varias regiones del país el problema no es la falta de recursos sino la incapacidad de ejecutarlos.
De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), múltiples gobiernos regionales cerraron el 2025 con niveles de ejecución de inversión pública por debajo del promedio nacional. En algunos casos, ni siquiera lograron superar el 70%.
Regiones como Región Ica, Región Cusco y Región Loreto destacan por haber superado el 85% de ejecución, mostrando que sí es posible transformar presupuesto en obras concretas.
Pero el contraste es evidente. En la parte baja del ranking aparecen Región Tumbes, Región Pasco y Región Madre de Dios, con niveles que bordean apenas el 65%, evidenciando serias dificultades de gestión.
El dato adquiere mayor relevancia en un contexto donde diversas autoridades regionales, muchas de ellas con discursos alineados a la izquierda, responsabilizan al gobierno central por los altos niveles de pobreza, pero las cifras reflejan que en paralelo existe un margen significativo de recursos que no se convierte en inversión efectiva en sus propias jurisdicciones.
El problema no es menor. Una baja ejecución presupuestal se traduce en carreteras que no se construyen, hospitales que no se equipan y proyectos de agua y saneamiento que quedan inconclusos.
Especialistas coinciden en que las causas van desde expedientes técnicos deficientes hasta falta de capacidad técnica en la gestión pública, pasando por procesos burocráticos y alta rotación de funcionarios.
Así, el debate sobre la pobreza en el Perú no solo debería centrarse en cuánto presupuesto se asigna, sino en qué tan eficientemente se utiliza porque al final, el dinero no ejecutado es desarrollo que nunca llega.
Fuente Altavoz
