Los piuranos, con una mezcla de tristeza e indignación, hemos sido testigos del allanamiento que hizo la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría y la Policía, al local del Gobierno Regional de Piura y hemos visto con estupor cómo extrabajadores de diversas áreas y el exgerente, Jesús Torres, además de otros investigados reciben orden de detención preliminar y se procede al descerraje y registro en diferentes inmuebles, por el caso de las cartas fianzas falsas y los 4 millones de soles que desembolsó el Gore al cuestionado consorcio MNDC por la obra de mejoramiento del centro de salud de Máncora.
Es lamentable ver al Gobierno regional de Piura convertido en un referente en corrupción a nivel nacional y sumido en esta “marea negra”, cuando la “lucha frontal contra la corrupción” fue una de las banderas que enarboló Servando García como candidato. Siendo el Gore el máximo ente de administración regional, debe encargarse de fomentar el desarrollo integral, la ejecución de proyectos de inversión pública, y promoción de las actividades económicas, de acuerdo a una planificación regional, en esto debe estar centrada su gestión, sin embargo, es lo que los piuranos no vemos.
Desde Vigilia Ciudadana, con diversas investigaciones y pruebas, hemos venido alertando, con el apoyo de los medios regionales, sobre casos con serios indicios de aprovechamiento de los recursos públicos en esta gestión, entre ellos en compras de ventiladores mecánicos, mascarillas, entrega irregular de un terreno público a un consorcio privado para un hospital, proselitismo político y uso indebido de recursos públicos en campaña electoral. Asimismo, ha habido alertas sobre irregularidades en las defensas ribereñas Tramo II, y este último caso del centro de salud de Máncora, en el que se investiga la presencia de una estructura delictiva, con intermediarios y operadores dentro del Gore Piura. En todos los casos el “modus operandi” de la corrupción es la sobrevaloración, fraccionamiento e irregularidades en las compras, direccionamiento de proveedores y en adjudicaciones a contratistas, que llevan a delitos de peculado, malversación, y colusión.
El problema es generalizado, 19 de los 25 gobernadores regionales del país están siendo investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. A este grave problema, se suma en los gobiernos regionales, la elección de funcionarios y trabajadores sin el perfil por clientelismo político, y la ineficiencia reflejada en la baja ejecución presupuestal.
Fuente El Tiempo
