La Procuraduría Pública y la secretaría técnica de procesos administrativos de la Municipalidad Distrital de Guadalupe recibieron el encargo de revisar las acciones realizadas o por instaurar, para determinar las presuntas responsabilidades que pudiera alcanzar a los funcionarios municipales que habría ocasionado un perjuicio económico a la municipalidad por la no conclusión de las obras civiles y perjuicios en la etapa de operación del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las localidades de Mariscal Castilla, San Isidro, San Ramón y Jorge Chávez.
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El caso fue expuesto en sesión de concejo del 17 de junio y revisó los antecedentes y secuencias de la obra que aunque recibió conformidad de recepción, evidenció la inejecución de algunos componentes, que luego tuvieron que ser asumidos dentro de la operación y mantenimiento por la Municipalidad Distrital de Guadalupe. Esto ocasionó inversión de dineros públicos por obras supuestamente ejecutadas.
La empresa que ganó la buena por S/15 millones 750 mil 974,49 y que ejecutó la obra fue el Consorcio Saneamiento Guadalupe, integrado por Maquinaria Construcción y Minería SAC y EDICAS SAC Contratistas Generales, en diciembre de 2018. Ésta suscribió contrato de ejecución con el alcalde Benjamín Banda Abanto el 25 de enero de 2019.
Los informes recibidos por el pleno del concejo en la sesión del 17 de junio, fueron sustentados tanto del área técnica, por parte de la Unidad de Obras de la MDG a cargo del ingeniero Luis Alonso Morales; y de Asesoría Legal por la abogada Blanca Montenegro Hernández.
Se detalló que la municipalidad,a través de sus funcionarios, no se aseguró de mantener vigente la carta fianza de fiel cumplimiento 3002019009534 por el monto de S/ 1 millón 575 mil 097,45. No solo ello, sino que según informes de tesorería, el 16 de febrero de 2024 se advirtió a la gerencia municipal que la carta fianza estaba por vencer el 21 de febrero de 2024 y era necesario que sea renovada por el consorcio constructor o en su defecto se proceda a ejecutar. Ello no ocurrió y luego, con otro informe del 4 de marzo de 2024 se recordaba que ya había vencido y correspondía ejecutar la fianza, puesto que no había aún liquidación final.
Se sindica al entonces gerente municipal John Percy Benites Contreras como el presunto responsable de no haber cautelado los intereses de la municipalidad.
Se advierten supuestas responsabilidades funcionales, administrativas y penales; y no existirían justificaciones, incluso va más allá, presumiendo la comisión de delitos de colusión u omisión de actos funcionales.
PERJUICIO A LA MUNICIPALIDAD
De acuerdo a lo que se expuso a los regidores en sesión de concejo, el informe técnico económico por la no ejecución de partidas de obra que fueron incorporadas en las valorizaciones y pagadas demostraban que la municipalidad se perjudicó económicamente por lo que correspondía al pleno autorizar al procurador público el inicio de acciones judiciales, penales o arbitrales a fin de resarcir el perjuicio en defensa de la MDG.
El caso, sustentado en múltiples informes, advierte que no solo el ex gerente mencionado habría sido responsable de los perjuicios antes mencionados, sino también ex funcionarios que suscribieron actas de conformidades, con lo que se habrían configurado también infracciones a ser dilucidado en la vía administrativa con Procesos Administrativos Disciplinarios o Procesos Administrativos Sancionadores. Junto a ellos también la empresa cabría encauzar por estos actos en las vías penal o civil.
INVERSIONES POR NECESIDAD
La impostergable necesidad de que los servicios entren en funcionamiento, obligó a la municipalidad a iniciar operaciones y con ello inversiones en mantenimientos en un proyecto que no contaba con un funcionamiento integral, pese a la millonaria inversión realizada.
Ejecutada la resolución de contrato con resolución de alcaldía 504-2022-MDG/A el 25 de noviembre de 2022, correspondía realizar la liquidación al 100% de la obra y asumir la operatividad y conservación de la obra de saneamiento para los poblados de Mariscal castilla, San Isidro, San Ramón y Jorge Chávez.
En este sentido se realizaron inversiones en un contexto en el que la empresa terminó beneficiada librando su carta fianza pese a las irregularidades antes advertidas.
Dado que el 31 de enero de 2024 se reiteraron estas presuntas irregularidades en un acta de entrega de cargo, se recomendó requerir al Secretario Técnico de Procesos Administrativos, así como a procuraduría, informen sobre las acciones tomadas para identificar responsables, y si fuera necesario iniciarlas de manera urgente para evitar prescripciones.
Para iniciar las acciones antes mencionadas correspondería valorar una cuantificación presupuestal que genera perjuicio económico a la municipalidad, tanto por lo no ejecutado y cobrado, así como las inversiones posteriores para la operatividad y mantenimiento del sistema, irregularidades demostradas que no fueron incluidas en el acta de observaciones de recepción de obra, acta de discrepancias.
Se reiteró que deben revisarse las acciones de la Secretaría Técnica respecto de los presuntos responsables y se apure la implementación del módulo para el registro de sanciones.
También se recomendó se autorice a la Procuraduría Pública Municipal evalúe y ejecute las acciones legales y arbitrales que correspondan en defensa de los intereses de la municipalidad. Bajo esos términos, el pleno de concejo accedió por unanimidad a la recomendación.
Fuente: UNDiario.pe
