La Contraloría General identificó un perjuicio económico de más de 598.000 soles por irregularidades en la perforación de un pozo tubular en el campus de la Universidad Nacional de Piura (UNP), cuya finalidad era aumentar el abastecimiento de agua potable para beneficio de la comunidad. Sin embargo, la obra se encuentra actualmente inoperativa y los análisis han determinado que el líquido no es apta para el consumo humano. Tres funcionarios tendrían responsabilidad penal y administrativa.
Los hechos
Según el Informe de Control Específico N.º 011-2021-2-0203-SCE, la UNP contrató a un ingeniero industrial como consultor para la elaboración del expediente técnico y supervisión de la obra en el 2018 pese a que no contaba con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores por no tener la especialidad requerida por la normativa aplicable, la cual exige que sea profesional de ingeniería civil, sanitario o de mecánica de suelos. Tampoco cumplía con la experiencia necesaria para la supervisión.
A fines de ese año, la entidad suscribió el contrato para la ejecución de la obra por un monto de 523.089 soles y un plazo de 90 días calendario. Sin embargo, este proyecto no contaba con la declaración de viabilidad.
De igual manera, ante el incumplimiento del plazo contractual, no se aplicó la penalidad correspondiente ni se cauteló la ejecución de la totalidad de prestaciones pactadas, por lo que se generaron gastos en la contratación del servicio para la limpieza y mantenimiento de la obra por encontrarse inoperativo el pozo.
Asimismo, los análisis efectuados determinaron que el agua no es apta para el consumo humano y la obra continúa sin funcionar a pesar de la necesidad de agua potable de la comunidad universitaria, sobre todo a puertas del reinicio de clases presenciales en medio de una crisis sanitaria.
Perjuicio
Estos hechos ocasionaron un perjuicio económico a la entidad por el importe de 598.100 soles, debido a que los funcionarios de las áreas de Infraestructura, Abastecimiento e Ingeniería y Servicios Generales no tomaron en cuenta la normativa relacionada a los requisitos para consultor de obras, tampoco el retraso injustificado por parte del contratista en la ejecución de los trabajos y la no culminación de partidas presupuestadas al incumplir la finalidad pública perseguida por la contratación.
En esa línea, la Contraloría encontró presunta responsabilidad penal en el jefe de la Unidad Operativa y de Infraestructura, Wilfredo Mantilla; la jefa de la oficina de Abastecimiento, Patricia Valdiviezo; y el supervisor de la obra, Juan Carlos López.
Hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta desde las autoridades de la Universidad Nacional de Piura.
Fuente Diario Correo
