Un aparente direccionamiento en dos licitaciones de obras viales que realizó la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, detectó la Contraloría General, pues las propuestas de los postores no fueron admitidas a pesar de que cumplían los requisitos para su admisión.
La primera licitación fue para la construcción de pontones y canales pluviales en la asociación de vivienda Las Flores y la segunda, para la construcción del servicio de movilidad urbana en el asentamiento humano Keiko Fujimori, ambos en el distrito de Rupa Rupa.
EN LAS FLORES
La Contraloría encontró que el comité de selección admitió la propuesta de una empresa y descalificó de los otros dos postores para la creación de pontones y canalización de la asociación de vivienda las Flores, aduciendo información inexacta, al no haber indicado sí es postor y/o representante legal.
Sin embargo, en ambos casos —dice dicho organismo— el comité debió solicitar la subsanación de la información contenida, como lo establece el Artículo 60 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Además, el comité descalificó a una de estas empresas al no presentar compromiso por daños ambientales, cuando este requisito no está establecido en las bases integradas, y no fue procedente incorporar para la admisión de las ofertas.
EN KEIKO FUJIMORI
Con respecto a la adjudicación simplificada para la construcción de servicio de movilidad urbana en las vías locales del asentamiento humano Keiko Fujimori, el comité exigió requisitos que fueron incorporados de manera indebida a las bases, precisó el informe de la Contraloría.
«Descalificaron la propuesta de uno de los dos postores, por el hecho que la dirección consignada en el anexo N° 1 difiere con la dirección indicada en la constancia de Registro Nacional de Proveedor (RNP). Esta no debió ser incluida en las bases como un requisito exigible a los postores, para que sea admitido sus propuestas», precisa en el Informe de Orientación de Oficio n° 02-2022-OCI/0402-SOO.
«Otro requisito incluido indebidamente a las bases y que usó el comité para descalificar a una de las empresas, fue exigir que debía acreditar conocer la zona donde se ejecutará la obra, conocer las metas físicas del proyecto y el compromiso por el daño ambiental en la etapa de ejecución de obra. Estos requisitos tampoco debían ser exigibles para la admisión de las ofertas. La decisión del Comité transgredió lo establecido en las bases integradas y la normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE)», concluye dicho informe.
Para la Contraloría «en ambos casos, el comité de selección vulneró la Ley de Contrataciones del Estado y no actuó con honestidad e imparcialidad, por lo que generó el riesgo de no contar con la empresa más idónea para la ejecución de dichas obras. En el caso de la construcción de pontones y canales pluviales el proceso fue lanzado por S/ 1.5 millones y por la construcción del servicio de movilidad urbana por un valor de S/ 488 576 60».
El alcalde provincial Miguel Meza fue notificado del informe de Contraloría para que adopte acciones, se informó.
Fuente Página 3
