Tras el informe emitido por la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades en la contratación del servicio de traslado de material electoral durante la primera vuelta, el abogado Marco Tulio Gutiérrez sostuvo que los 10 funcionarios de la ONPE implicados podrían enfrentar procesos administrativos muy graves.
Indicó que el caso aún se encuentra en una etapa preliminar y, respecto a las posibles consecuencias penales, afirmó que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tendría que iniciar acciones legales contra los implicados por presuntos delitos contra la administración pública.
De comprobarse una concertación irregular entre ambas partes —añade—, las sanciones podrían alcanzar penas de prisión que superen los diez años.
“El ponerse de acuerdo con los contratistas para causar perjuicio al Estado constituye delito de colusión, que en este caso puede significar pena de cárcel no menor de quince ni mayor de veinte años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y una multa”, manifestó.
Por ello, aseguró que tras este caso se buscó favorecer a la empresa encargada, tal como ya se había advertido en ocasiones pasadas. Incluso, el propio vocero de la CGR lo aclaró.
“Por los hallazgos de la entidad en la revisión que ha efectuado de la documentación entre febrero y mayo de este año, es evidente que los términos de referencia de los servicios a contratar eran inexactos y que, en la aplicación de los mismos al momento de efectivizar la contratación, se favoreció económicamente a Gálaga”, afirmó Gutiérrez.
Segunda vuelta en duda
Sobre la contratación prevista para la segunda vuelta electoral, el abogado señaló que la Contraloría deberá realizar una nueva evaluación para determinar si se repitieron las irregularidades observadas en el primer proceso.
“Dado que se trata de los mismos funcionarios, con excepción del renunciante Corvetto, es evidente que esta segunda contratación está bajo sospecha por la calidad de los funcionarios involucrados”, indicó.
Amplían investigación
Tras esto, la Fiscalía dispuso ampliar por ocho meses la investigación preliminar contra Piero Corvetto.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ordenó inspecciones en la sede central de la ONPE y en los almacenes de Lurín, así como el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de los investigados. También se solicitará documentación.
Fuente Diario Expreso
