Además de poner en riesgo los S/192 millones de certificación presupuestal, las irregularidades en la adjudicación del saldo de obra del penal de Arequipa podrían prolongar la crisis de hacinamiento que enfrentan los establecimientos penitenciarios de la región. Desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que algunos recintos operan con una sobrepoblación superior al 400 %, ocasionando hacinamiento entre la población penitenciaria.
SOBREPOBLACIÓN SUPERA EL 400%
Las obras de ampliación del penal de Socabaya quedaron paralizadas en 2021 debido a problemas contractuales. Tras años de retrasos y deterioro de la infraestructura, el saldo de obra, valorizado en S/192 millones, fue adjudicado al Consorcio Infra Penal Arequipa el pasado abril. Sin embargo, un reportaje periodístico reveló que dos de las empresas integrantes del consorcio registran inhabilitaciones por presentar documentación falsa en contrataciones con el Estado y que la agrupación formalizó su inscripción el mismo día en que fue declarada ganadora del proceso.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación. Asimismo, la jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, Andrea Sarayasi Tejada, lamentó que una obra considerada prioritaria para reducir el hacinamiento penitenciario vuelva a estar en riesgo de paralización luego de años de gestiones para obtener financiamiento. “Ha costado tantos años conseguir esa certificación presupuestal para que luego, por una situación logística o una mala decisión de funcionarios que deben ser investigados, nuevamente la obra se paralice”, declaró.
La necesidad de concluir el proyecto es urgente. Según el último informe estadístico del INPE, el pabellón de hombres del penal de Socabaya alberga a 2 mil 487 internos, pese a haber sido diseñado para 667 personas. Esto representa una sobrepoblación de mil 820 reclusos y un excedente del 273 % respecto de su capacidad. En el pabellón de mujeres, 171 internas ocupan espacios previstos para 67 personas, equivalente a una sobrepoblación del 152 %. En total, 2 mil 659 reos permanecen dentro del penal, hacinados en extremo.
La situación es aun más crítica en el establecimiento penitenciario de Camaná. Con capacidad para 78 internos, actualmente alberga a 409 personas privadas de libertad, superando el 400 % de ocupación. De acuerdo con Sarayasi Tejada, este penal debía ser reemplazado progresivamente con la culminación del nuevo recinto en Socabaya. “El penal de Camaná no debería existir, pues debía ser reemplazado por la nueva infraestructura. Debido a la demora en su culminación, todo el sistema penitenciario en Arequipa está en crisis”, señaló.
El hacinamiento también repercute en las condiciones de salud de la población penitenciaria. “Tenemos internos que son pacientes incluso con enfermedades oncológicas o VIH, pero el INPE no tiene la capacidad para llevarlos a hospitales porque muchas veces no tienen custodios. Tanto el penal de Camaná como el de Socabaya tienen un solo médico para atender a toda la población de penitenciaria. Imagínense, un solo médico para atender a cerca de 3 mil personas”, manifestó la jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Contraloría General de la República, al OECE, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al INPE y al Ministerio Público a investigar las presuntas irregularidades y determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Fuente Diario El Pueblo
