El análisis fiscal de la situación legal del presidente Martín Vizcarra por su participación en la concesión del aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco, al consorcio Kuntur Wasi S.A. cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones no es el único frente abierto que tiene el Poder Ejecutivo.
También está pendiente esperar la respuesta sobre la solicitud arbitral que interpuso el consorcio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), debido a la resolución del contrato y por el cual nuestro país podría terminar pagando una millonaria suma.
Hechos.
Durante el gobierno de Ollanta Humala (2014), se otorgó la concesión para la construcción del aeropuerto de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi, conformado por Andino Investment Holding (AIH) y Corporación América. Sin embargo, dos años después se conoció que el contrato estaba mal redactado y, por lo tanto, se determinó plantear una adenda.
En medio de las negociaciones, el Ministerio de Transportes puso fin a la etapa de trato directo que sostenía con el consorcio debido a la controversia y le solicitó los terrenos en esa etapa; pero Kuntur Wasi consideró que las condiciones lo perjudicaban y, por lo tanto, no aceptó. Luego de los intentos de sacar adelante el proyecto, el Estado decidió resolver el contrato de concesión con Kuntur Wasi en julio del 2017.
Arbitraje
Es así que, en junio de 2018, el consorcio Kuntur Wasi junto con la argentina Corporación América presentó una solicitud arbitral contra el Estado peruano ante el Ciadi. La controversia discutida entre el Estado y Kuntur Wasi se centra en que el primero señala que se había configurado la caducidad del contrato, mientras que la posición de la compañía era que la resolución unilateral pretendida por el Estado era indebida, inválida e ineficaz, al no cumplir con los requisitos del contrato de concesión; por lo tanto, este se encuentra vigente.
En consecuencia, argumentan que el Estado debe pagarles el valor integral de su inversión, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral; sin embargo, no se especifica el monto de las afectaciones. La cifra podría superar los $260 millones.
Adelantándose a la situación que ya había advertido el consorcio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la contratación, por más de $6 millones, del Estudio de Abogados Internacional Sidley Austin LLP, de Estados Unidos, el cual se encargaría de la defensa del Gobierno en noviembre del 2017.
En junio del 2019, el MEF dispuso cambios al contrato suscrito con el estudio de abogados Sidley Austin LLP. Producto de ello, se prescindió del apoyo del estudio de abogados local contratado, lo cual estaba estipulado en el contrato para que respalde al bufete americano en la controversia.
Integrantes
El Tribunal que decidirá quién tiene la razón está conformado por la presidenta Luciana Low (EE.UU.), Enrique Barros Bourie (chileno) y José Nunes Pinto (brasileño). Dicho grupo fue reconstituido en marzo de este año, tras una observación de una de las partes, y recién en abril se ha tenido una primera sesión mediante conferencia telefónica.Otros casos similares han tardado en promedio tres años en resolverse.
Sin embargo, con la instalación del Tribunal Arbitral, el monto exacto de la demanda debería conocerse antes de fines de año. Además del gasto que podría realizar el Estado peruano si pierde en el arbitraje, Kuntur Wasi ya fue favorecida con la firma y posterior anulación del contrato. Según la disposición fiscal de la investigación preparatoria del caso Chinchero, la acción obligó un pago por parte de Perú, que será de $8.6 millones.
La carpeta
La investigación preliminar por el caso Chinchero se inició en febrero del 2017 a cargo del fiscal José Domingo Pérez. En aquella época, la Procuraduría Anticorrupción solicitó incorporar al presidente Martín Vizcarra por presunta colusión.En mayo de ese año, la Contraloría hizo público un informe en el que se determinaban responsabilidades administrativas y penales en 11 funcionarios del Gobierno de Kuczynski. En octubre se dispuso ampliar la investigación por 120 días (hasta el 15 de febrero del 2019).Fue hasta marzo del 2018 que el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó de manera provisional la investigación contra Vizcarra Cornejo.
En setiembre de ese año, el fiscal Pérez fue retirado del caso; sin embargo, se resistió a entregar los documentos completos sobre Chinchero.La fiscal coordinadora nacional anticorrupción, Lourdes Téllez, detalló que pesaban cuestionamientos sobre Pérez, como el no haber tomado acciones contra la exministra de Economía y Finanzas (MEF) Claudia Cooper.Además, se conoció que la esposa del fiscal Pérez, Vanessa Medina, fue nombrada directora de Perú Compras, oficina adscrita al MEF.
En noviembre, el caso pasó a manos de la fiscal Zoila Sueno Chirinos, quien el pasado viernes formalizó investigación preparatoria contra la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli, así como otros exfuncionarios.
Alternativa
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, puede abrir investigación al presidente Martín Vizcarra por la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero, según el abogado Luis Lamas Puccio.“De acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, se puede incluir a otras personas en esa investigación no protegidas en la inmunidad. La investigación debe seguir el curso normal: una etapa de indagaciones y una formalización de investigación preparatoria”, sostiene.
En diálogo con Correo, el letrado explica que específicamente en el caso de Vizcarra Cornejo se tiene que poner en conocimiento del Congreso la existencia de la investigación. “El Parlamento, sobre la base de la información que ha corrido, tiene que iniciar el antejuicio; sin embargo, como el presidente Vizcarra está en el ejercicio del cargo, este levantamiento de la inmunidad solo se puede producir cuando haya finalizado el ejercicio de la función presidencial”, precisa.
Además, destaca que la fiscal Sueno puede pedir investigar al presidente Vizcarra, pero a través de la fiscal de la Nación.“Ese es el conducto regular. A su vez, ella para investigar debe recurrir al Congreso y ellos (congresistas) deben esperar que acabe el ejercicio de su función”, destaca. Lamas Puccio aclara que ello no implica que no se le pueda tomar una declaración al jefe de Estado o citarlo en cualquier momento.
Fuente Diario Correo
