Desde hace unos meses, la Contraloría General de la República realiza en La Libertad un megaoperativo de control. En ese marco, identificó un perjuicio económico ascendente a S/ 294.170,58 en la Municipalidad Distrital de Rázuri, en la provincia de Ascope, debido a penalidades no cobradas, partidas sobredimensionadas y parcialmente ejecutadas en el mejoramiento y ampliación del servicio educativo de instituciones educativas.
El informe de control comprendió la revisión y análisis de la documentación relativa a los actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución de la obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas n.º 1748 y n.º 80631 en el centro poblado La Perla de Macabí, en el distrito de Rázuri.
Según el Informe de Auditoría n.º 019-2021-2-2950-AC, se evidenció que los miembros del comité de selección calificaron y otorgaron la buena pro a un postor que no acreditó los requisitos de calificación exigidos en las bases integradas; referidos al equipamiento estratégico, experiencia profesional del personal propuesto como especialista en instalaciones sanitarias, especialista en seguridad y en calidad; así como la experiencia del consorcio en obras en general y similares. Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones permitió la suscripción del documento sin advertir que el consorcio no acreditó de forma integral la credencial requerida para su perfeccionamiento.
El informe señala que la conformidad al trámite y al pago de valorizaciones a favor del consorcio ganador de la buena pro fue otorgada sin advertir la ausencia por 175 días del residente de obra y por 78 días del asistente del residente; así como la no participación de los especialistas en instalaciones sanitarias y eléctricas, con lo cual omitieron la aplicación y cobro de penalidades.
Otra de las irregularidades encontradas es que se pagó por gastos generales de profesionales que no permanecieron durante la ejecución de la obra, situación ocasionada por la falta de control permanente del jefe de supervisión, se permitió el trámite y la aprobación de ampliaciones de plazo con exceso de tiempo que impidieron el cobro de penalidades por mora; y se pagó por metas y partidas que no se ejecutaron conforme al expediente de esta.
Fuente La República
