Con la soga al cuello. La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque solicitó 9 años de pena privativa de libertad para funcionarios del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Esto, debido a que cometieron irregularidades en la obra de “Descolmatación y Rehabilitación de Diques del Cauce del Río La Leche – Tramo II”, ejecutada en el 2018 con una inversión de S/ 14 millones 594 mil soles.
Trabajos que como es sabido, no sirvieron de nada para proteger a la población frente al Ciclón Yaku, pues se registró el desborde del río que inundó el distrito de Íllimo y dejando aisladas a miles de familias de Pacora, Mórrope y otras localidades.
La fiscal Karim Ninaquispe Gil – a cargo de la investigación – acusó por el delito de colusión agravada a María Jesús Bustos de la Cruz (directora de Infraestructura y Riego del PSI), Pedro Carlos Aldazabal Sosa (jefe de la Oficina de Supervisión del PSI) y Danilo Jorge Vega Migone (supervisor).
Para ellos y el representante de la empresa Edicas SAC Contratistas Generales, Carlos Alberto Carrasco Sabogal, solicitó 9 años de cárcel. Así también, planteó la penal de 4 años de cárcel contra Javier Francisco Chiong Ampudia, especialista del PSI, por el delito de colusión simple.
Imputación contra los acusados
Según el expediente N° 9877 – 2019, a los funcionarios del PSI se les imputa haber favorecido a la referida empresa constructora, otorgando la conformidad para que se le pague la valorización N° 01 por la suma de S/8.822.365.60, pese a que no se contaba con la conformidad de la empresa supervisora Consorcio VCHISA GAV.
Mediante documentos el supervisor dio cuenta que el servicio no había sido concluido y que se estaba trabajando fuera de plazo, advirtiendo un saldo no ejecutado equivalente al 53.22% del presupuesto (S/ 7′675.996.70).
“Empero a efectos de justificar la conformidad para el pago, se autorizó el desplazamiento hacia la ciudad de Chiclayo de Jorge Fernández Requelme, quien se desempeñaba como especialista en sistemas de la información en el PSI, quien emitió un informe en el que indicaba que el avance real es del 68%”, consta en la acusación.
No obstante, los informes emitidos por el supervisor Roger Mejia Jhong, advierten que los incumplimientos contractuales y las penalidades incurridas por el Contratista; causaron un perjuicio patrimonial a la entidad por la suma de S/7,950,633.86.
Fuente Diario Correo
