En distintos puntos del país hay proyectos de infraestructura que llevan años esperando su primer movimiento. Así lo resaltó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) en su informe económico de la construcción N° 100, una edición especial.
¿El cuestionamiento? No son las obras más grandes ni las más costosas, pero sí las que más se resisten a arrancar.
El futuro del sector
En el informe, el gremio subraya los desafíos y oportunidades que presenta el sector para el corto plazo; puntualmente, para los próximos 5 años.
“Hay perspectivas favorables para el crecimiento de la inversión privada, en particular a través de los mecanismos de asociación público-privada y de obras por impuestos para infraestructura; la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros y la ampliación de otros que ya están operando; el desarrollo de proyectos de vivienda en Lima y las principales ciudades del país”, destacó.
En esa línea, Capeco, en alianza con la consultora internacional In-Data, ha identificado 44,550 obras de infraestructura pública iniciadas desde el 2022, de las cuales 22,903, el 51%, ya se terminaron. Pero no todas las cifras son positivas:
“Entre los 21,647 restantes, el 47% todavía no se ha iniciado o está paralizada. Además, 3,480 de las obras que no han sido finalizadas tienen una inversión mayor a 7 millones de soles, de las cuales el 42% aún no se ha iniciado o se encuentra detenida. Estas cifras comprueban que una parte significativa de las obras son de poca magnitud y que estas suelen tener más dificultades para iniciarse”.
Al respecto, y luego de presentar las cifras alarmantes, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, fue enfático: “Tenemos el problema de abandonar proyectos, y el problema que le damos dinero al que es más ineficiente, que es el gobierno local. Eso no funciona muy bien. […] Hay un incremento reciente de las empresas en financiación de construcción y operación de infraestructura”.
El gremio plantea, por tanto, acelerar la reanudación de obras públicas paralizadas, mediante la conformación de grupos de trabajo integrados por representantes de la entidad contratante, la empresa contratista, el supervisor, la Contraloría y la OECE, para consensuar las decisiones sin que estas sean cuestionadas en futuros procesos de control.
Asimismo, considera oportuno establecer una nueva programación para la asignación de recursos a proyectos gestionados mediante acuerdos Gobierno a Gobierno, con el propósito de no retrasar más su culminación.
Trabajo en conjunto
El Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 contempla 72 proyectos priorizados, con una inversión total de S/144,200 millones.
Más de la mitad de este monto proviene de asociaciones público-privadas (APP), que concentran 35 proyectos por S/83,700 millones. De estos 16 ya están en fase de ejecución presupuestal.
En paralelo, ProInversión maneja una cartera más amplia, de 80 proyectos por US$ 46,000 millones, lo que muestra que aún hay iniciativas fuera del plan actual.
Fuente Diario Gestión
