(Agraria.pe) Luego de su publicación en noviembre del año 2020 y la aprobación de su Reglamento en junio del 2021, la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar (Ley N° 31071), tiene una mínima implementación, pero enfrenta enormes desafíos para su pleno cumplimiento y se alcance la finalidad de promover el consumo de alimentos provenientes de la agricultura familiar, mejorar la economía de estos productores y contribuir de forma permanente con la alimentación saludable en nuestro país.
PERUSAN, iniciativa por la seguridad alimentaria y nutricional, en colaboración con la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), realizó un dialogo para conocer los desafíos y oportunidades en el proceso de implementación efectiva de esta ley y contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. En dicha reunión participaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), quienes presentaron los avances, así como del Programa de Alimentación Qaliwarma (del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-Midis), del Programa A Comer Pescado (del Ministerio de la Producción- Produce) y otros especialistas.
En este diálogo, realizado en noviembre pasado, se reconoció que la oferta de los productores de la agricultura familiar no está aún en las condiciones y cobertura que se requieren para llegar a los mercados de compras estatales. Por ello urge fortalecer a estos productores para avanzar en cada eslabón de la cadena productiva desde el campo hasta la mesa.
Se señaló que se ha avanzado en la implementación de los comités de compras públicas de la agricultura familiar (Compragro), proceso activado en el 2023, lo cual constituye una ventana de oportunidad para facilitar el acceso de los agricultores familiares, pescadores artesanales y productores acuícolas al mercado. También se han elaborado las bases estándar y se viene completando el Padrón de Productores Agrarios Georreferenciados (a la fecha incluye a unos 1.8 millones de productores agrarios empadronados y existen 2,475 organizaciones registradas).
Igualmente, se propicia la participación de productores individuales y organizados para lograr los volúmenes de compras mayores y menores. Se ha aprobado el Reglamento para asignar el Sello de la Agricultura Familiar del Midagri; se ha modificado la norma referida a garantizar la inocuidad de los productos primarios (Senasa), procesados (Digesa) o hidrobiológicos (Sanipes), y se viene brindando atención a las consultas de los productores o asociaciones.
Los desafíos
Sin embargo, en la citada reunión se señaló que existen diversos desafíos para la plena implementación de la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, entre ellos conocer la oferta de producción nacional o regional que cumpla con los requisitos de la demanda, para alinear la oferta de los productores y la demanda de los programas sociales al marco de la Ley 31071. Del mismo modo, se requiere un mayor impulso a la implementación de los comités Compragro y atender la demanda importante de los gobiernos locales de asistencia técnica y orientación en la conformación de estos comités.
Es clara la necesidad de fortalecer las capacidades de los agricultores familiares, individualmente o en grupos organizados empresarialmente para que sean competitivos. De lograr esta asociación estos productores no solamente tendrán acceso al mercado de compras estatales para los programas sociales, sino también a otros mercados como el de las Fuerzas Armadas o Policiales, y mercados privados.
Del mismo modo, es necesario acentuar el acompañamiento del Midagri a los productores en este proceso empresarial con la participación a nivel nacional y regional de sus distintas áreas, como INIA, Senasa, Programa Sierra Azul, Agroideas, Agro Mercado, agencias agrarias y otras; así como el impulso de este proceso de parte de los gobiernos regionales. Asimismo, se requiere acompañamiento para que los gobiernos locales cumplan con su función de promover la producción y consumo de alimentos naturales de los productores de su ámbito de gestión; y que estos actores estén actualizados respecto a la aplicación de las normativas aprobadas.
Un desafío fundamental es garantizar la inocuidad de los productos, lo cual demanda que los productores individuales u organizados logren la certificación de buenas prácticas de producción y de procesamiento primario, y se adecúen al Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria en el marco de la Ley 31071, aunque existen vacíos con ciertos productos como los pecuarios.
Compra mínima de 30%
La Ley 31071 dispone que las entidades públicas que cuenten con programas asistenciales adquieran, del total de sus requerimientos anuales previstos, como mínimo el 30% de alimentos provenientes de la agricultura familiar. En este contexto urge un análisis sobre la oferta de alimentos y diversidad entre los productores, sus volúmenes de producción y la estacionalidad a nivel regional y local. Esta información facilitaría la programación y planificación de compra de productos a los operadores de servicios de alimentación estatal. El Padrón de Productores Agrarios constituye un recurso valioso para estos análisis e identificar soluciones a las condiciones y necesidades de los productores de la agricultura familiar.
La implementación de esta ley es un proceso que convoca a diversos actores y sectores, y PERUSAN destaca la importancia de un enfoque integral como sistema alimentario, que aborde todos los aspectos desde la producción hasta el consumo. Esta mirada contribuye a construir un sistema alimentario que promueva la buena nutrición y salud, y también aborde cuestiones de sostenibilidad y equidad en el acceso a alimentos saludables.
Dato
PERUSAN es un colectivo de instituciones civiles y expertos que se conformó en julio del 2020 como espacio de diálogo y propuestas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Se ha posicionado como referente e interlocutor válido entre la sociedad civil y el Estado.
Fuente Agraria.pe
