El Ejecutivo oficializó, a través del Decreto Supremo N.º 071-2025-EF, la nueva estructura del Tribunal de Contrataciones Públicas del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), entidad creada en el marco de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Esta medida busca fortalecer el sistema de resolución de controversias y sanciones dentro de los procesos de contratación pública del Estado, contribuyendo así a una mayor eficiencia y transparencia.
Según la norma del MEF publicada en el diario oficial El Peruano, el Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE estará conformado por nueve salas, cada una compuesta por tres vocales, y por tres secretarías técnicas que brindarán soporte administrativo y técnico. Esta nueva configuración amplía significativamente la capacidad operativa del tribunal, que hasta ahora funcionaba con seis salas y una sola secretaría técnica.
El Tribunal de Contrataciones Públicas es el órgano resolutivo del OECE y cuenta con autonomía e independencia. Entre sus funciones principales está la de resolver controversias que se presenten en los procedimientos de selección antes de la firma del contrato, así como en procesos relacionados con la implementación de catálogos electrónicos de acuerdo marco. También tiene la facultad de aplicar sanciones a postores, contratistas, subcontratistas y proveedores que infrinjan la normativa vigente.
La implementación de las nuevas salas y secretarías se realizará de forma progresiva y con cargo al presupuesto institucional del OECE, en el marco de las leyes anuales de presupuesto. Además, el decreto establece que, mientras se completa la implementación, el tribunal continuará operando con la estructura actual de seis salas y una secretaría técnica.
El Decreto Supremo N.º 071-2025-EF entrará en vigencia el mismo día que lo haga la Ley N.º 32069 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2025-EF. Asimismo, con la entrada en vigor de esta nueva norma, queda derogado el Decreto Supremo N.º 099-2010-EF, que establecía la anterior composición del Tribunal de Contrataciones del Estado, bajo el extinto OSCE.
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