La Municipalidad Distrital San Pedro de Chaulan pagó por trabajos que no correspondían a lo realmente ejecutado en la obra de rehabilitación y mejoramiento de un camino vecinal, detectó la Contraloría General de la República que advirtió que las servidoras ediles otorgaron conformidades a las valorizaciones, sin observaciones, lo que generó un perjuicio económico de S/ 1 642 414.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 031-2025-2-0401-AC (evaluado del 1 julio 2020 al 31 de diciembre de 2024) señala que la rehabilitación y mejoramiento de más de 37 kilómetros de la vía vecinal de Chaulán-San Cristóbal de Runtog-Canchapalga-Icuro-Ranrash fue ejecutada por el Consorcio E&S Chaulán (integrado por Ceacatru E.I.R.L. y por Inversiones RAM S.A.C. siendo su representante común Víctor Gandy Chaupis Palomino) con un ancho de vía menor a lo establecido en el expediente técnico.
Durante la inspección, personal del organismo contralor verificó que en varios tramos la vía se ejecutó con un ancho variable, con medidas inferiores a los 4.50 metros que debió tener según lo señalado en los planos del expediente técnico; sin embargo, la municipalidad pagó valorizaciones como si se hubiera ejecutado con un ancho de vía de 5.10 metros, superior a lo establecido.
Además, partes de la vía no presentaban superficie uniforme; sino, desniveles y evidenciando también tramos sin capa de afirmado, cunetas que faltaban ejecutar y otras partidas inconclusas que evidenció que los trabajos no fueron culminados; sin embargo, se aprobaron las valorizaciones como si se hubieran ejecutado al 100 %.
Asimismo, la entidad pagó valorizaciones completas a la empresa de supervisión, pese a que no trabajaron en situaciones en que la obra fue suspendida. Fueron 35 días calendario que la supervisión dejó de laborar y según la modalidad de contrato, la entidad solo debía pagar por día trabajado.
Este proyecto que tuvo una inversión de S/ 15.9 millones se encontraba valorizado hasta un avance físico del 96.1 %: sin embargo, físicamente presentaba un avance menor, a pesar de ello el contratista y la supervisión intentaron que la obra fuese recepcionada; pero el comité designado por la entidad hizo casi las mismas observaciones realizadas por el órgano de control.
La Contraloría sostiene que los trabajos realizados al margen del expediente técnico y el pago de valorizaciones que no fueron observados oportunamente generaron el perjuicio económico a la municipalidad, hallándose presunta responsabilidad penal y administrativa en dos servidoras ediles: Angélica Lucinda Panduro Mendoza y Pilar Milagros Vela Aguirre. Ambas fueron, en periodos distintos, subgerentas de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la referida municipalidad.
La Contraloría General recomendó a la Procuraduría Publica Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales en contra de ambas.
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