Mientras la inseguridad se dispara en el norte del país y el Estado de Emergencia se extiende en provincias como Pataz, el Gobierno Regional de La Libertad decidió acelerar la respuesta. El 7 de octubre de 2025, mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 000838-2025-GRLL-GGR, se aprobó una contratación no competitiva por S/ 3’055,120.00 para la compra de 80 motocicletas todo terreno destinadas a labores de inteligencia operativa. El proveedor elegido: Motofuerza S.A.C., empresa privada del rubro de motocicletas con más de 16 años en el mercado.
La vía rápida de la emergencia
El procedimiento, denominado PSNC N.° 16-2025-GRLL-GRCO, se amparó en la causal de emergencia (literal b del art. 55.1 de la Ley 32069). Esta modalidad —la más sensible del sistema de contrataciones— permite elegir directamente al proveedor sin competencia, siempre que la urgencia esté técnica y legalmente justificada.
Según los documentos revisados por este medio, la invitación a Motofuerza se cursó el 23 de setiembre, la oferta se recibió el 26, y la evaluación se realizó el 29 del mismo mes. El expediente contiene los informes técnico y legal exigidos por ley, así como las bases y el acta de selección.
Monto y condiciones
El monto aprobado se divide en dos componentes: S/ 2,296,880.00 para la adquisición de las motos y S/ 758,240.00 por mantenimiento preventivo. Cada unidad costará, en promedio, S/ 38,189, cifra que supera ligeramente los precios de mercado observados en procesos similares del sector público, que oscilan entre S/ 31,000 y S/ 35,000 por unidad para motocicletas de 250 a 300 cc con equipamiento policial.
La diferencia podría justificarse —si está debidamente acreditado— por servicios adicionales, garantía extendida, equipamiento especial (sirenas, luces, GPS) o capacitación técnica. Pero esa información no es pública aún.
Motofuerza: una empresa de largo rodaje
Motofuerza S.A.C. está registrada desde 2008 y se dedica a la venta y mantenimiento de motocicletas. Tiene sedes en Lima, Trujillo y Chiclayo, y ha participado en otros procesos públicos similares, en los años 2024 y 2025, por la compra de motos destinadas a la Policía Nacional y gobiernos regionales.
Los vacíos y las preguntas
Aunque la ley permite estas adquisiciones directas en contextos de emergencia, el control social sigue siendo indispensable:
- ¿Por qué se eligió a este proveedor y no a otro? El expediente no detalla si se compararon cotizaciones o si se analizó la capacidad de otros distribuidores.
- ¿Las 80 motos responden realmente a una necesidad urgente? No se ha hecho pública la matriz de despliegue operativo ni la justificación de cantidad.
- ¿El precio refleja el valor real de mercado? El expediente no muestra un cuadro comparativo de cotizaciones ni evidencia de estudios de mercado recientes que justifiquen pagar más de S/ 38 mil por unidad, cuando entidades públicas adquirieron motocicletas similares entre S/ 31 mil y S/ 35 mil en los últimos meses.
- ¿Existe la infraestructura para mantener las 80 motos en buen estado? El expediente no detalla si el Gobierno Regional o la Policía Nacional cuentan con talleres, personal técnico ni presupuesto sostenido para asegurar el mantenimiento preventivo. El contrato prevé servicio por un periodo limitado —presuntamente hasta tres años—, pero después de ese plazo no se precisa quién asumirá el costo ni cuál es la vida útil esperada de las unidades. En experiencias previas, muchas flotas de motocicletas adquiridas por gobiernos regionales y la PNP terminaron deterioradas o abandonadas en menos de dos años, sin repuestos ni seguimiento técnico.
- ¿No hubiera sido más eficiente optar por un servicio de renting? En el expediente no se observa un análisis de costo-beneficio, depreciación ni comparativo de renting vs compra. Este modelo —usado por algunas municipalidades y empresas públicas— permite renovar vehículos cada pocos años, incluir mantenimiento integral y seguro, y reducir la obsolescencia del parque motorizado. En cambio, al comprar directamente, el Gobierno Regional asume el riesgo de depreciación, reposición y mantenimiento futuro sin garantía de continuidad presupuestal.
Un gasto necesario, pero bajo la lupa
La seguridad ciudadana necesita equipamiento, pero las emergencias no deben ser excusa para saltarse el escrutinio público. Cada sol invertido en nombre de la urgencia debe demostrar tres cosas: necesidad real, transparencia y valor de mercado.
Por ahora, el proceso en La Libertad cumple con los requisitos formales; sin embargo, los ciudadanos y órganos de control deberán verificar si el tipo de contrato, la selección del proveedor, el número de unidades y el precio pagado resisten una auditoría técnica y ética.
