Hace solo unos días, revelamos la compra de 80 motocicletas todo terreno que el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) adquirió por S/ 3’055,120.00 bajo la causal de emergencia.
Ahora, la misma región vuelve a utilizar el procedimiento no competitivo, esta vez para adquirir un sistema de patrullaje aéreo con drones multirrotor (RPAS) por S/ 3’778,105.00, aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional N.º 000846-2025-GGR del 9 de octubre de 2025.
La vía rápida de la emergencia
El nuevo procedimiento, denominado PSNC N.º 007-2025-GRLL-GRCO, se amparó —al igual que el caso anterior— en el literal b del artículo 55.1 de la Ley 32069, que permite contratar directamente en situaciones de emergencia.
Según el Informe Técnico N.º 189-2025-GRLL-GGR-GRCO-KCN, la finalidad es fortalecer las acciones de vigilancia y control en zonas críticas mediante drones multirrotor equipados con cámaras térmicas y estaciones portátiles.
El Informe Legal N.º 238-2025-GGR-GRAJ concluye que la contratación procede bajo el marco de emergencia vigente, citando los decretos supremos que mantienen ese estado en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz.
Monto y condiciones
El monto total adjudicado asciende a S/ 3’778,105.00, y el expediente establece que la empresa seleccionada —Geodesia y Topografía S.A.C.— deberá entregar los equipos, software, capacitación y soporte técnico según las especificaciones técnicas de las bases.
El acta de otorgamiento de la buena pro muestra que esta empresa fue invitada y presentó propuesta, la cual fue declarada admisible y ganadora.
No se incluyen en el expediente estudios de mercado ni cuadros comparativos de precios que permitan confirmar si el monto adjudicado se ajusta a los valores de mercado para sistemas RPAS de características similares.
Geodesia y Topografía S.A.C.
La empresa adjudicada figura como único postor. Según los informes legales, acreditó experiencia previa en trabajos de topografía, geodesia y monitoreo con drones civiles, sin que se precise antecedentes en sistemas de patrullaje aéreo para seguridad ciudadana.
Los vacíos y las preguntas
Aunque la ley permite el uso de la causal de emergencia, los mismos vacíos observados en la compra de motocicletas vuelven a repetirse:
- ¿Por qué se invitó a un solo proveedor? El expediente no detalla si se cursaron invitaciones a otras empresas ni explica la razón de la elección directa de Geodesia y Topografía S.A.C.
- ¿El precio refleja el valor real de mercado? No se observa ningún estudio de precios ni cotizaciones recientes que acrediten la razonabilidad del monto adjudicado.
- ¿Existe infraestructura para operar y mantener los drones? Las bases mencionan soporte técnico, pero no se detalla quién asumirá el mantenimiento, actualización o reposición de equipos. La experiencia demuestra que muchos drones adquiridos por gobiernos regionales terminan inoperativos por falta de mantenimiento o capacitación.
- ¿Se evaluó la opción del renting o arrendamiento tecnológico? En los documentos revisados no figura ningún análisis comparativo entre la compra directa y modalidades de renting que incluyan mantenimiento integral, actualización y reemplazo. Este tipo de contrato, ya aplicado por otras entidades públicas, permitiría evitar sobrecostos y garantizar sostenibilidad técnica.
Un patrón que se repite
El proceso cumple con los requisitos formales de la Ley 32069, pero —al igual que en la compra de las 80 motocicletas— carece de pluralidad de ofertas, estudios de mercado y evaluación de alternativas.
La reiteración de este tipo de contrataciones bajo el argumento de la emergencia deja en evidencia una práctica que, aunque legal, reduce la transparencia y debilita la rendición de cuentas.
Un gasto necesario, pero bajo la lupa
La seguridad ciudadana requiere equipamiento, pero la emergencia no debe convertirse en excusa para evitar el control público.
Cada proceso de contratación, incluso en contextos urgentes, debe demostrar tres cosas: necesidad real, razonabilidad económica y sostenibilidad técnica.
