Hace algunos días, Provías Descentralizado – entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – tiene nuevo director ejecutivo. Se trata de Segundo Enrique Castillo Alvarez, quien laboró como gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape). Aquí encontramos el primer cuestionamiento en su trayectoria.
Resulta que tres trabajadores de esa institución denunciaron irregularidades y fueron despedidos durante la gestión del nuevo mandamás de Provías Descentralizado. La denuncia señala que su exasesor Cristian Cáceres habría entregado una relación de seis empresas a las que se debía solicitar cotizaciones para obras de la vía expresa sur. Sospechosamente, dos de ellas formaron el “Consorcio Vesur” y enviaron su oferta en menos de un día, al 98% del presupuesto de la obra.
No es lo único. Según el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de SUNEDU indica que Castillo obtuvo el bachiller en ingeniería civil en la Universidad Peruana de Integración Global el 29 de setiembre del 2015. El mismo portal señala que en menos de un mes – el 27 de octubre del 2015 – el actual director ejecutivo de Provias Descentralizado consiguió el título de ingeniero civil. Aquellos plazos que resultan por demás extraños.
Uno de los requisitos del manual calificador de cargos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones indica que para ocupar el cargo de director ejecutivo de Provías Descentralizado se requiere, entre otro requisito, haber laborado durante diez años en el sector público o privado. Si Castillo Alvarez se graduó de ingeniero civil en octubre del 2015, en la actualidad tiene poco más de diez años ejerciendo esa profesión. Entendidos en contrataciones estatales, consultados para esta nota, señalan que, durante la pandemia, la gran mayoría de ingenieros civiles vio paralizadas sus actividades o laboró en condiciones de informalidad, lo que reduce sustancialmente su tiempo de experiencia acreditable bajo los estándares exigidos por el Estado.
La aparente celeridad para conseguir su título académico y el ajustado cálculo de sus años de ejercicio no solo quebrarían la idoneidad meritocrática que exige el manual de cargos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino que colocan bajo sospecha la transparencia de una de las entidades con mayor presupuesto para la infraestructura del país. Ante las denuncias constantes por presunta corrupción, cabe preguntarse ¿Cumple el señor Castillo los requisitos para dirigir una entidad tan importante?
Fuente Diario Uno
