El costo de las obras públicas paralizadas en Perú alcanzó un récord de S/67,139 millones al cierre de 2025, lo que representa un incremento de más de tres veces respecto a los S/21,595 millones registrados en marzo de 2022, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).
Este aumento refleja un problema estructural en la ejecución de proyectos públicos, que impacta directamente en la provisión de servicios e infraestructura para la población, así como en la eficiencia del gasto estatal.
Gobierno nacional concentra el mayor monto
Aunque los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de proyectos paralizados, el Gobierno nacional lidera en términos de capital comprometido.
Al cierre de 2025, el nivel nacional explicó el 55.8% del costo total, equivalente a S/37,433 millones, más del triple de los S/10,704 millones registrados en 2022.
Por su parte, los gobiernos regionales también registraron un incremento significativo: el monto de obras detenidas pasó de S/5,135 millones a S/19,181 millones, es decir, 3.7 veces más en el mismo periodo.
Gobiernos locales lideran en número de obras
En número de proyectos, los gobiernos locales concentran el mayor problema, con 1,693 obras paralizadas al cierre de 2025.
Esta cifra representa un aumento de 358 proyectos adicionales frente a mediciones previas, superando ampliamente a los otros niveles de gobierno en cantidad de iniciativas detenidas.
Principales causas de paralización
Entre 2022 y 2025, el incumplimiento de contrato se consolidó como la principal causa de paralización, al pasar de 247 a 634 obras.
A esto se suman problemas en la calidad técnica de los proyectos. Las deficiencias en los expedientes técnicos aumentaron de 4 a 183 casos, mientras que el abandono de obra registró el mismo salto, lo que evidencia fallas en la planificación y ejecución.
Respuesta del Estado y reorganización
Frente a este escenario, el Gobierno impulsó reformas institucionales como la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), establecida mediante la Ley N° 31841 y adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.
La entidad inició funciones en enero de 2024 y asumió proyectos de gran escala, incluyendo los heredados de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció en 2025 la extinción de 14 programas de infraestructura, los cuales pasarán a integrarse a la ANIN, con un ahorro proyectado de S/4,000 millones en 2026.
Retos pendientes en la gestión de obras
Pese a las medidas adoptadas, el avance en la reactivación de proyectos sigue limitado. Especialistas advierten que es necesario fortalecer la evaluación de contratistas y mejorar las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales.
Asimismo, mecanismos como la Junta de Resolución de Disputas, vigente desde el 2015, podrían ayudar a prevenir conflictos durante la ejecución de obras, aunque su uso sigue siendo reducido.
El desafío para los próximos años será revertir el crecimiento de proyectos paralizados y asegurar que la inversión pública se traduzca en infraestructura operativa y servicios efectivos para la población.
Fuente Infomercado
