El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, emitió el Comunicado N.º 017-2025-OECE, recordando a todas las entidades del Estado su obligación de efectuar el pago oportuno a los contratistas, conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento (D.S. N.º 009-2025-EF).
Plazo máximo: 10 días hábiles
El OECE recordó que, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley, las entidades contratantes deben realizar el pago al contratista dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde la conformidad otorgada por el área usuaria, con la posibilidad de una prórroga justificada de hasta cinco (5) días adicionales.
Asimismo, en atención a las condiciones del mercado, se podrá efectuar un pago anticipado siempre que el contratista presente las garantías correspondientes.
Responsabilidad funcional
El comunicado advierte que el retraso injustificado o la negativa al pago constituye falta grave funcional, conforme al numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley, lo cual puede dar lugar a acciones disciplinarias y sanciones administrativas.
El OECE recordó que los órganos de control institucional deben verificar y sancionar toda demora no justificada en la tramitación de los pagos.
Intereses por mora
En caso de incumplimiento de los plazos establecidos, las entidades contratantes están obligadas a reconocer intereses legales desde el vencimiento del plazo hasta la fecha efectiva de pago, según lo dispuesto en el numeral 67.6 del artículo 67 de la Ley.
Transparencia y cumplimiento
El organismo enfatizó que la gestión oportuna de pagos es parte esencial de una contratación pública eficiente. Las demoras generan perjuicios económicos, afectan la ejecución de bienes, servicios u obras y pueden comprometer la credibilidad del Estado frente a sus proveedores.
Finalmente, el OECE exhortó a los funcionarios y servidores públicos a cumplir estrictamente con los plazos y procedimientos establecidos, garantizando la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos.
