La Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista, Wilson Quispe Mamani (PL) aprobó por mayoría una moción de orden del día, “con cargo a redacción”, para solicitar al Pleno del Congreso facultades investigadoras a fin de indagar las presuntas irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
El pedido lo hizo el congresista Héctor Valer Pinto (SP), luego de que la titular de esa cartera, Jennifer Lizetti Contreras Álvarez, no asistiera a dicho grupo de trabajo para que informe sobre las acciones de contingencia que su sector viene implementando en las zonas consideradas vulnerables para enfrentar el Fenómeno El Niño a nivel nacional.
En su sustentación, Valer Pinto señaló tener conocimiento que el sector agrario no está ejecutando adecuadamente el presupuesto de 2023. Afirmó, se ha sacado un decreto supremo para facilitar la compra directa de forraje para la parte alta del país.
“El sector agrario merece en estos momentos ser atendido o al menos que la ministra explique porque se avecina el Fenómeno El Niño. El distrito de Echarate, en la provincia de La Convención, en Cusco ha sido declarado en emergencia por la crecida del rio afectando a gran parte de la población”, dijo.
Allanamiento
El grupo de trabajo también aprobó, por unanimidad, un dictamen en el que se allana a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, para precisar el tratamiento de las garantías que acepte el Estado, correspondiente al proyecto de ley nro. 1341/2021.
De esa manera, se admitió la objeción formulada por el Gobierno sobre la necesidad de establecer un plazo para la implementación de la medida, a fin de que esta pueda cumplir con su finalidad, sin generar un impacto negativo en relación con la suscripción de los contratos públicos y otorgamiento de adelantos, salvaguardándose de esa forma la atención oportuna de los bienes, servicios y obras que requieran las entidades para el cumplimiento de sus funciones.
En ese sentido, la comisión planteó el plazo de 120 días calendarios a efectos de que las entidades financieras que emiten garantías implementes los mecanismos necesarios para ello.
Seguidamente, el grupo de trabajo recibió a la ministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz, quién explicó sobre la situación del nombramiento docente del presente año, el estado situacional de las construcciones de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), contrataciones o alquileres de locales para uso de oficinas administrativas de las UGEL – Lima, entre otros aspectos más relacionados a ese sector.
Al respecto, Kelly Portalatino Ávalos (PL) expresó que los COAR en la región Áncash se encuentran en estado crítico por lo que solicitó acciones inmediatas para atender esa demanda.
Carlos Zeballos Madariaga (PP) expresó la preocupación del profesor Jhonny Carlos de Puno, quién ha ganado una plaza en una institución educativa que profesa una religión distinta a la de él. “No se puede permitir que se discrimine al docente, espero se tome cartas en el asunto y se haga una investigación en las diferentes Ugeles del país”, expresó.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría, también recibió al viceministro de Orden Interno, Miguel Ángel Núñez Polar, en representación del titular del Ministro del Interior, quién dio cuenta sobre el atentado criminal en la Mina Poderosa en Patas, departamento de La Libertad.
Sobre el punto, el viceministro informó que frente a los hechos ocurridos el Comando de la PNP dispuso el traslado inmediato de equipos especializados en Trujillo para que se realicen las investigaciones de ley.
Además, se trasladó de Lima al lugar de los hechos de 50 efectivos policiales pertenecientes del grupo Greco, a fin de repotenciar las acciones que se vienen desarrollando en la provincia de Pataz.
De igual forma, se presentó William Elías Rodríguez Landeo, Superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), quien informó sobre el transporte informal y la cantidad de multas impuestas del año 2021 a la fecha, clausura de Centros de Revisiones Técnicas Vehiculares y acciones que viene realizando en las regiones con mayor cantidad de infracciones por transporte informal.
Fuente Oficina De Comunicaciones E Imagen Institucional del Congreso de la República
