La justicia se abre paso. La Cuarta Sala Especializada en Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nula la sanción administrativa impuesta, de manera arbitraria, por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) contra el Grupo La República (GLR) el 27 de enero del 2023.
Como parte de nuestra defensa, nuestro principal argumento es que el OSCE vulneró los principios de razonabilidad, presunción de inocencia y culpabilidad al sancionar, de manera exprés, a nuestro grupo editorial para no poder contratar con ninguna entidad del Estado, de forma temporal, por una falta que jamás existió y por la cual nunca se pidieron explicaciones.
Este caso, que tiene correlato con el otro centenar de sanciones impuestas al margen de la legalidad contra GLR, marcaría el inicio de la reivindicación a una serie de acciones de dudosa motivación por parte del órgano de contratación estatal.
Crónica de la injusticia denunciada
Como denunciamos en octubre del año pasado, es importante ubicar temporalmente cuándo se iniciaron los procesos de privación de contratación con el Estado, a partir de publicidad estatal, a nuestra empresa periodística.
Todo empezó luego de que el 25 de setiembre del 2021 se presentara el primer proceso sancionador contra el Grupo La República Publicaciones.
Previamente, durante esa época, se hizo conocida la presunta organización criminal del entorno del posteriormente golpista Pedro Castillo por parte del ahora desarticulado Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) a cargo de la fiscal Marita Barreto.
Dicha información –verificada y de trascendencia nacional– fue dada a conocer con la relevancia debida por parte de nuestro equipo periodístico, en el afán republicano de dar a conocer la verdad, sin temor a las represalias.
Fue durante ese contexto en el que, amparándose de un presunto conflicto de interés, por supuestamente haber contratado con el Estado cuando la hija de una de las accionistas de GLR fue designada como ministra, en el que las acciones de hostigamiento cobraron realce.
Hoy, esa motivación (falso conflicto de interés) ha quedado descartada por la misma Corte Superior.
A GLR se le castigó, en este caso, por el solo hecho de haber tenido contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mientras que Claudia Cornejo, hija de uno de nuestros miembros de directorio, ejerció como ministra de Comercio Exterior y Turismo, sin tener en consideración que, por ningún motivo, GLR contrató con dicho despacho ministerial.
Al respecto, vale la pena destacar que GLR siempre cumplió con la ley, ya que se evitó cualquier tipo de contrato con dicho despacho, a fin de no caer, como corresponde, en cualquier conflicto de interés.
Los contratos que suscribió nuestro grupo empresarial fueron, para este proceso en particular, con el MTC, el cual, como es evidente, no guarda la más mínima relación con Mincetur. De la misma manera, se mantuvieron contratos anteriores y se celebraron otros con otras entidades ajenas a la influencia de la entonces ministra Cornejo.
La ley nos ampara
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 1087/2020, no existe impedimento de contratación con el Estado si es que dicha celebración se realiza en cualquier otra entidad pública que no tenga ningún grado de influencia directa por parte de un familiar cercano. Grupo La República jamás actuó contra esta norma.
“No puede predicarse respecto a extender el impedimento a las contrataciones que el cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (…) señaladas en dicho artículo realicen con cualquier otra entidad estatal”, falló el máximo intérprete de la Constitución, a raíz de otro caso en 2020.
Acoso legal contra Grupo La República
Quedan pendientes otros 107 procesos injustos que, por la temporalidad, tendrían correlato con supuestos objetivos políticos contra Grupo La República, los cuales se iniciaron bajo el gobierno de Pedro Castillo y continuaron con el Gobierno actual de la presidenta Dina Boluarte.
Cabe destacar que quienes iniciaron las diligencias fueron la directora de Gestión de Riesgos, Ana Gutiérrez Cabani, y seguidamente Cecilia Ponce y Carola Cucat, entre enero y marzo del 2022.
Al cierre de la edición, se conoció que el OSCE interpuso un recurso de casación que deberá ser resuelto por la Corte Suprema.
Confirmación de sentencia
En segunda instancia, la CSJ de Lima confirmó la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo en favor de GLR.
Fuente La República
