La entidad estatal Provías Nacional incurre en el fraccionamiento sistemático de requerimientos mediante órdenes de servicio de menor cuantía para evitar procesos de selección licitatorios, pagando sobrecostos a empresas intermediarias por servicios de mantenimiento vial y emergencias no ejecutadas. De acuerdo con una investigación periodística de Cuarto Poder, este mecanismo de contratación divide necesidades públicas en múltiples montos menores para adjudicar contratos a empresas vinculadas a personal de la propia institución y pagar tarifas superiores a los valores referenciales.
La práctica contractual se ejecuta mediante la emisión consecutiva de órdenes de servicio dirigidas a contratistas específicos en diversas regiones del país. Según la abogada especialista en contrataciones públicas Cecilia Ruiz Morales, la división intencional de una necesidad estatal distorsiona las convocatorias públicas y genera incrementos en el gasto presupuestal que superan el 30% y 40% del costo real de las prestaciones prestadas al Estado.
En la región Huánuco, Provías Nacional fijó un monto referencial mensual de S/ 3500 para la contratación de un operador de motoniveladora en labores de mantenimiento rutinario. Sin embargo, entre el 3 de marzo y el 2 de abril de 2026, la entidad desembolsó S/ 8712 a la empresa intermediaria Servicios Generales ESIEL S.A.C. por este mismo puesto, lo que representó un incremento de más del doble sobre el valor base determinado por la propia institución.
Un caso similar se registró en la contratación de un operador de camión volquete para el mantenimiento de una vía no pavimentada en el tramo Cerro de Pasco – Tingo María. Mientras que el costo referencial establecido por Provías Nacional ascendía a S/ 3834 mensuales —incluyendo beneficios, movilidad y refrigerio—, la entidad acordó abonar S/ 7612 a la misma empresa Servicios Generales ESIEL S.A.C. por idéntico periodo y función desempeñada en la zona.
Al respecto, el jefe de la Unidad Zonal Lima de Provías Nacional, Alejandro Valdivia, sostuvo que las contrataciones se efectúan mediante empresas intermediadoras reguladas y que los montos responden a la complejidad de los tramos asignados y a la cobertura de los seguros de los trabajadores. No obstante, la empresa Servicios Generales ESIEL S.A.C. logró acumular 41 órdenes de servicio desde febrero de 2026 por un valor total cercano a S/ 1 500 000.
Vínculos familiares y duplicidad de órdenes de servicio en contrataciones estatales
La gestión de las contrataciones en Servicios Generales ESIEL S.A.C. está vinculada a lazos familiares con personal que presta servicios en la infraestructura estatal. El gerente general de la proveedora, Efraín Alvarado Ambrosio, es padre de Luis Miguel Alvarado Ortega, quien se desempeña como asistente de supervisión de Provías Nacional mediante órdenes de servicio. Asimismo, la hermana y la cuñada de Alvarado Ortega figuran como accionistas de otra firma contratada para brindar resguardo en las sedes de la entidad en Huánuco.
El mecanismo de división de montos se reprodujo en la capital mediante adjudicaciones paralelas a la proveedora Ingeniería Estructural Nacional. La entidad emitió dos órdenes de servicio independientes por montos inferiores a los S/ 44 000 cada una para la ejecución de trabajos en una misma zona geográfica y en fechas coincidentes, evitando así la activación de un concurso público de mayor cuantía.
La especialista Cecilia Ruiz Morales ratificó que la reiteración de estas infracciones legales configura indicios de irregularidades dirigidas a beneficiar a un grupo específico de proveedores. La abogada señaló que la emisión consecutiva de órdenes fraccionadas impacta de manera directa en el presupuesto público y exige la intervención formal de los organismos de control y del Ministerio Público.
De acuerdo con la documentación oficial de Provías Nacional, la empresa Ingeniería Estructural Nacional recibió la orden de servicio para la ejecución de la obra “mantenimiento de tránsito y seguridad vial” ante la supuesta emergencia por un huaico. El contrato estipuló un pago de S/ 32 000 para ser ejecutado del 3 al 23 de agosto de 2026 entre los kilómetros 52 y 70 de la carretera Mala – Río Blanco, en la provincia de Yauyos.
Las verificaciones de campo y los testimonios de los residentes de la zona confirmaron la inexistencia de derrumbes, maquinaria pesada o personal desplegado en la vía durante el periodo fijado en la orden de servicio. El poblador Manuel Padín Osorio declaró que no se han registrado precipitaciones ni caídas de huaicos en la zona durante la temporada soleada de agosto, descartando la presencia de trabajos de mantenimiento en la carretera.
El funcionario Alejandro Valdivia admitió que no se registraron huaicos ni emergencias por lluvias en dicho tramo durante el mes de agosto, señalando que los deslizamientos ocurrieron en los primeros cuatro meses del año. Pese a que la vía permaneció libre de obstrucciones y sin trabajadores en la fecha asignada, la orden de servicio por S/ 32 000 se mantuvo programada para su cancelación en favor de la empresa intermediaria.
Fuente Canal N
