La corrupción en el país parece enquistada en las personas que asumen cargos públicos y, sobre todo, en aquellas que son elegidas por voto popular. Actualmente 18 gobernadores regionales son investigados. Uno tiene sentencia y se encuentra prófugo de la justicia, tres detenidos con prisión preventiva o detención preliminar, uno con arresto domiciliario y uno con impedimento de salida del país, por estar involucrados en presuntos actos de corrupción en sus diversas modalidades.

En Arequipa, tras más de un año de investigación reservada por parte de la Policía y Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se detuvo al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, y 10 funcionarios de confianza y consejeros regionales por presuntamente integrar la organización criminal “Los hijos del cóndor”, involucrados en los presuntos delitos de colusión, peculado, cohecho activo, cohecho pasivo y otros.

En Lambayeque el gobernador, Anselmo Lozano Centurión, se encuentra con arresto domiciliario, tras el fallo de la sala de apelaciones por la investigación de integrar una organización criminal dedicada a obtener coimas a través de obras públicas de la Municipalidad Distrital de La Victoria, durante la gestión 2015- 2018.

En Huánuco, un equipo especial integrado por los fiscales Virgilio Carrión Cabrera, Miguel Rojas Mayta y Laura Núñez Arquinio, se dedican a investigar de manera exclusiva las 18 denuncias por presuntos actos de corrupción contra el gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, quien según la Policía integraría, junto a familiares y otros funcionarios, la presunta organización delictiva denominada “Los intocables de las obras”. Los hechos datan desde el 2019.

En Áncash, el gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, se encuentra detenido por la investigación por el presunto delito de colusión en la adquisición de bienes el hospital “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus (covid-19).

Tumbes, el gobernador regional, Florentino Dios Benites, es buscado por la policía por tener una sentencia a 4 años de cárcel por el delito de colusión agravada. Según la justicia, en la obra del asentamiento humano Edmundo Romero de Zarumilla, valorizada en más de 2 millones de soles, se generó un perjuicio económico al estado de 11 mil soles debido a adendas aprobadas. El proceso data del 2011.

En Tacna, el gobernador, Juan Tonconi Quispe, afronta una investigación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado, por la compra de ventiladores mecánicos para equipar el Hospital Hipólito Unanue por el monto de S/ 1 883 219, en el 2019.

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, es investigado por los presuntos delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo propio, falsedad ideológica y genérica por el direccionamiento en la compra de cinco ambulancias valorizadas en 3 millones 625 mil soles.

En Piura, el gobernador regional, Servando García Correa, es investigado como presunto autor del delito de nombramiento ilegal de cargo público del ex gerente general, Jesús Torres Saravia, (con prisión preventiva) por el caso de las cartas fianza falsas por S/ 4 millones que pagó la entidad al consorcio MNDC para ejecutar la obra “Mejoramiento del centro de salud de Máncora”.

El médico Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios, afronta un pedido de prisión preventiva de 36 meses al estar investigado por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado peruano y el gobierno regional de Madre de Dios, al liderar la organización criminal ‘Los Hostiles III’ que favorecieron a un conglomerado chino de empresas madereras representado, entre otras personas, por el ciudadano chino Xiaodong Ji, con el propósito de tener los derechos forestales a cambio de beneficios.

En Puno, el gobernador regional Agustín Luque es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por presuntas irregularidades en la implementación del colegio Rodolfo Diesel de Juliaca.

En Junín, el gobernador regional, Fernando Orihuela Rojas, también es investigado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por el resguardo policial irregular que recibió el exgobernador Vladimir Cerrón, y además contra la administración pública en la modalidad de colusión por los contratos del Gobierno Regional de Junín, Cusco y Huancavelica con empresas ligadas a familiares de Carlos Zárate por más de 25 millones de soles.

El gobernador de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, fue sentenciado por colusión simple a 4 años de cárcel suspendida, a un año de asumir el cargo por una compra irregular de laptops hecha en su gestión anterior (2011-2014), para el proyecto “Mejoramiento de la Aplicación de Tecnología de Comunicación de las Instituciones Educativas Nivel Inicial, Primario y Secundario de la Región Huancavelica”. La sentencia fue apelada a segunda instancia y por un vicio procesal (es decir que un juez que vio en caso en primera instancia también en segunda instancia yo juzgó) fue anulada este año.

El gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, es investigado por los presuntos actos de corrupción en la adjudicación de obras y servicios desde el 2020; además tiene otras 16 investigaciones por la compra de equipos, contratación de servicios, insumos y medicinas para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19.

En Cusco, el gobernador regional, Jean Paul Benavente García, también tiene investigaciones por presuntos delitos de corrupción en el caso de capacitaciones fantasma hechos registrados entre los años 2019-2020.

El gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo Torres, es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, violación de medidas sanitarias, demora en actos funcionales, omisión y rehusamiento para atender la pandemia de la COVID-19.

En la región Ayacucho, Carlos Rua Carbajal, es investigado por presuntos delitos de corrupción en la compra y contratación de bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19.

En la región Amazonas, el gobernador, Óscar Altamirano Quispe, también es investigado por presuntos actos de corrupción en adquisiciones de bienes durante la pandemia de la COVID-19.

El gobernador del Callao, Dante Mandriotti Castro, tiene impedimento de salida del país por 2 años (desde enero del 2021) por investigación en caso el pedido que hizo Estrella Cama a Mandriotti para un paseo en yate a cambio de favorecer a la empresa “Pesquera Capricornio”, cuyo representante legal es Giovanni Mandriotti Castro (hermano del gobernador regional del Callao) en un proceso que tenía con una compañía inmobiliaria, por estos hechos la autoridad regional es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.

Fuente RPP

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