Sorpresivo. La noche de ayer, Petroperú informó la nulidad del contrato por 74 millones de dólares adjudicado a la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh, una adjudicación cuestionada por presuntas irregularidades en el proceso de licitación y porque el citado empresario se reunió con el jefe de Estado, Pedro Castillo, antes de obtener la buena pro.
En un comunicado, la empresa estatal afirmó que tal decisión se debió a que detectaron -recién- que no se contó con un notario público durante el concurso público, iniciado el 21 de octubre pasado.
“La Administración de Petroperú decidió declarar la nulidad de los contratos derivados del Proceso por Competencia N° COM-012-2021-GDCH/Petroperú ‘Adquisición de Biodiésel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022′, al haber detectado que no se contó con la presencia de un notario público en la recepción de las propuestas, tal como lo indica el procedimiento”, refirieron.
El documento también da cuenta que desarrollará una nueva convocatoria “que permita cubrir la demanda de este producto” del mercado de hidrocarburos.
Petroperú también garantizó su compromiso con la transparencia “en los procesos de contratación de bienes y servicios, siguiendo los procedimientos establecidos por la Empresa y dentro del marco legal”.
Por último, aseguró que brindan todas las facilidades del caso a las autoridades que investigan las irregularidades denunciadas en dicho proceso de licitación.
Como se sabe, los programas Panorama y Punto Final revelaron que el presidente Castillo se reunió el 18 de octubre con Samir Abudayeh y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, en Palacio de Gobierno. Dos semanas después, el proveedor visitante ganó la millonaria licitación en medio de un proceso con retiro de postores internacionales y nacionales.
SOBRE AVISO
Horas antes de la emisión del comunicado, el subgerente de la Contraloría, Luis Flores, aseguró que Petroperú no ha entregado la información requerida sobre la compra de biodiésel.
“Desde que nos hemos constituido (en Petroperú), hemos pedido información y, lamentablemente, la información que se nos entrega no nos permite cumplir con los objetivos establecidos (…). Estamos teniendo bastantes limitaciones”, manifestó Flores a la prensa.
El funcionario ingresó ayer con representantes del órgano de control, la Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría por la investigación relacionada a este caso.
Flores precisó que la Contraloría solicitó información “a las áreas comprometidas directamente con este proceso de licitación pública de adquisición de biodiesel B 100″, entre ellas la Gerencia Corporativa de cadena de suministros y la Gerencia de Compra de Hidrocarburos.
“Todas las instituciones públicas tienen la obligación de entregar la información a las instituciones que, por competencia y jurisdicción, tienen la facultad de revisar la ejecución de los gastos o ingresos públicos”, remarcó el subgerente de la Contraloría.
Esta no es la primera diligencia en la sede de Petroperú, ya que personal del despacho de la fiscal provincial anticorrupción Norah Córdova, el último lunes, también efectuó una operación similar para recopilar información pertinente a las investigaciones.
OPINIÓN
Sobre las diligencias en Palacio de Gobierno del lunes y miércoles último, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el abogado penalista Andy Carrión consideró que habrían indicios para señalar la existencia de obstrucción por parte del Gobierno.
“La Fiscalía puede naturalmente ingresar a todas las instituciones públicas y solicitar el exhibimiento de los documentos que crean pertinentes, no se necesita una orden judicial. Solo se necesita eso en el caso de documentos privados. Como Palacio de Gobierno tiene oficinas de administración pública, entonces la diligencia sí es correcta. Si alguien como el presidente prohíbe la diligencia, entonces nos encontramos ante un problema serio de no facilitar o coadyuvar la propia diligencia: perturbar u obstaculizar la justicia”, afirmó Carrión a Correo.
INSISTEN
No obstante, el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, sostuvo que tiene disposición para facilitar las investigaciones que correspondan por el caso Petroperú, pero pidió que la persona que encabece estas diligencias no califique a su patrocinado de “terrorista”.
Más temprano, la premier Mirtha Vásquez aseveró que el Gobierno tiene preocupación por la persona que dirige la investigación en el caso Petroperú, la fiscal Córdova, ante el reporte de publicaciones en redes sociales cuestionando al hoy presidente Castillo.
“Hay no solo declaraciones y publicaciones, sino, directamente, frases que cuestionan la legitimidad del Gobierno. Esperaríamos que la persona que dirige las investigaciones garantice total imparcialidad. Por lo demás, el Gobierno se allana a lo que el Ministerio Público disponga, porque somos respetuosos”, declaró la jefa del Gabinete.
SOCAVAN
En diálogo con este diario, y en alusión a los cuestionamientos a Norha Córdova, el analista político César Campos advirtió que existe “un intento de bajarle la moral a quienes realizan una investigación seria, prolija y profunda sobre los posibles ilícitos penales”.
“Como bien se ha dicho, estas pesquisas no están relacionadas a la búsqueda de una declaración del presidente Castillo, sino más bien de todo el contexto en que pudo haberse producido un ilícito penal para fraguar una licitación en favor de un proveedor de Petroperú, y eso se está impidiendo. Yo creo que el presidente ha entrado en un proceso irreversible de deterioro moral y político”, opinó Campos sobre la postura de Palacio de impedir el ingreso de fiscales en dos diligencias.
Fuente Diario Correo
