La investigación que viene realizando la Fiscalía Anticorrupción en contra del exgobernador regional César Álvarez Aguilar, el actual mandatario Juan Carlos Morillo Ulloa y otras 20 personas por el caso de la construcción del canal Santa-San Bartolo tendría que incluir actuaciones en torno a malversación de fondos. Así lo considera el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, quien ha solicitado formalmente al fiscal responsable de esta carpeta, Walberto Rodríguez Champi, que además de colusión se considere el referido delito.
PEDIDO
Ayer, la Procuraduría Anticorrupción del Santa entregó un documento al Ministerio Público en el que pide que se amplíe la investigación y se incluya el delito de malversación de fondos. Según el abogado del Estado, Richard Asmat, hasta el momento no se han realizado pesquisas en torno al pago del laudo arbitral de 6’885,955 soles que realizó el Proyecto Especial Chinecas a favor del Consorcio San Bartolo (integrado por la constructora de Juan Carlos Morillo).
El procurador recordó que en una entrevista periodística, el exgerente del proyecto irrigador, Elvis Camarena Luna -quien forma parte de la actual investigación-, mencionó que los funcionarios de la región (durante la gestión de César Álvarez) utilizaron recursos del canon minero para cumplir con este compromiso.
“Estamos pidiendo que se incluyan delitos como malversación de fondos porque el tema del pago del laudo arbitral hasta el momento no ha sido tocado. Es decir, con qué plata se pagó. Recordemos que en una entrevista a Elvis Camarena, él señala que se pagó con canon minero (…) El canon no se puede utilizar para un laudo arbitral”, expresó.
PERICIAS
Asmat Urcia mencionó que también han reiterado que se ejecuten pericias más especializadas en este sonado caso, teniendo en cuenta que la investigación se realiza en el marco de la ley de criminalidad organizada.
“Necesitamos pericias más especializadas: contables, financieras, tributarias, mucho más grande. Eso es lo que reiteramos en nuestro pedido”, expresó.
El procurador detalló que hasta el momento el fiscal no ha establecido el tiempo que duraría la investigación, la cual inició en octubre de 2018.
“Al haberlo adecuado a criminalidad organizada, la investigación puede durar hasta 36 meses, pero el fiscal no ha fijado plazo”, acotó.
Fuente Diario Correo
