La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) asumirá un rol directo en las adquisiciones de petróleo crudo, derivados e insumos esenciales destinados a las operaciones de Petroperú. La decisión forma parte del proceso de reorganización patrimonial de la empresa estatal y busca garantizar el suministro de hidrocarburos en el país.
La medida fue comunicada mediante un oficio enviado el pasado 15 de mayo al presidente del directorio de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, quien asumió el cargo a inicios de este mes. Con su designación, se convirtió en el cuarto titular de la petrolera estatal en menos de tres meses, en medio de un contexto de cambios y reestructuración interna.
Según el documento, la intervención de ProInversión responde a los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo para proteger la continuidad operativa de la empresa y asegurar el abastecimiento energético nacional. Bajo este esquema, la entidad tendrá facultades para supervisar y ejecutar directamente las compras consideradas críticas.
Entre las disposiciones incluidas en el oficio, se establece que el directorio y la gerencia general de Petroperú no podrán aprobar ni suscribir nuevos contratos, adendas o compromisos financieros que afecten los ingresos futuros de la compañía, salvo aquellos relacionados con operaciones ya previstas en el presupuesto.
Asimismo, toda adquisición vinculada a crudo, combustibles refinados, aditivos e insumos estratégicos deberá pasar por el control de ProInversión. Para ello, el Gobierno habilitó mecanismos excepcionales que permitirán acelerar y centralizar estos procesos durante la etapa de reorganización.
El documento también exige que Petroperú entregue, en un plazo máximo de 48 horas, información detallada sobre todas las compras de hidrocarburos y obligaciones financieras que se encuentren actualmente en negociación o ejecución. La finalidad es que ProInversión evalúe dichos procesos o determine si deben ser transferidos a su ámbito de competencia.
En la comunicación enviada a la petrolera estatal, ProInversión advirtió que el cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio y que cualquier incumplimiento podría afectar el proceso de recuperación patrimonial impulsado por el Ejecutivo. Además, señaló que las acciones contrarias a estas medidas podrían generar responsabilidades para los funcionarios involucrados.
Mientras tanto, en el Congreso de la República, la Comisión de Energía y Minas rechazó el predictamen que proponía dejar sin efecto el decreto de urgencia que sustenta la reestructuración de Petroperú. La iniciativa no alcanzó los votos necesarios y, tras la decisión, la congresista Ruth Luque presentó un pedido de reconsideración para que el tema vuelva a ser debatido.
Fuente Diario Expreso
